La Coordinadora Civil en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, a lo largo de su existencia, ha venido presentado propuestas sobre Gobernabilidad del país desde el 2000, que apuntan a resolver por la vía institucional, la situación de irregularidades en el proceso electoral, tales como: observación electoral; cedulación como un derecho a la identidad nacional, basada en el respeto a la estabilidad, la independencia de poderes y respeto a la ciudadanía.
A un mes de realizarse las elecciones municipales, el pueblo de Nicaragua volverá a vivir otro capítulo más de las irregularidades fraguadas por el Consejo Supremo Electoral (CSE), por encargo del partido de gobierno, del inconstitucional presidente Daniel Ortega.
Tenemos como antecedentes, la exclusión de fuerzas políticas de la competencia electoral para favorecer otras, la falta de transparencia en el resultado electoral de las elecciones del 2008, las regionales del 2009 y las presidenciales del 2011, en las que ha habido una sistemática violación de la ley electoral, tal como fuera reconocido por la Misión de observación de la Unión Europea y la OEA.
Tenemos un Consejo Supremo Electoral ilegal, porque todos los magistrados tienen sus plazos vencidos; porque todas las irregularidades cometidas en cada proceso electoral, han atropellado los derechos de la ciudadanía; porque han violado la Constitución y las leyes, en abierto y desafiante desprecio a la voluntad ciudadana; porque continúan sin credibilidad y con notoria parcialización hacia el partido de gobierno.
Lo que es manifiesto nuevamente mediante la negación de todas las garantías para el ejercicio del derecho al sufragio universal, igual, directo y secreto de todos los ciudadanos, a saber: Discriminación en la cedulación a amplios sectores para favorecer al partido de gobierno; no acreditación de la observación electoral; inequitativa distribución de los segundos miembros que en los Consejos Electorales Departamentales, (CED), Consejos Electorales Municipales (CEM), Consejos Electorales Regionales (CER), y en las Juntas Receptoras de Votos (JRV); pobre verificación ciudadana; padrón electoral sin depuración; obstáculos y no acreditación oportuna de los fiscales de los partidos políticos; no publicación apropiada y oportuna del paso a paso ni de un verdadero código ético electoral; no entrega a todos los fiscales de las copias fidedignas del resultado electoral en cada JRV; no publicación de la normativa de impugnación para interponer los recursos electorales, etc.
Hacemos particular mención merecen las últimas reformas tanto a la ley de Municipios como a la Ley Electoral, ya que han sido presentadas de manera sorpresiva, sin estudio previo, sin verdadera consulta, sin participación de la ciudadanía local, ni de organismos especializados, pues dichas reformas alteran la estructura y el funcionamiento del gobierno local y los gastos municipales; impactan en la toma de decisiones, debilitan la figura del Alcalde y del propio Concejo, sobre todo se ha negado el derecho ciudadano de participación en la gestión estatal y en la función pública local, con lo cual se hecha por el piso la conquista alcanzada sobre la Autonomía, la descentralización y el desarrollo local, así como nuevas formas de participación ciudadana.
El cambio de boleta, sin la identidad de los candidatos a Alcaldes y Concejales, señalando solamente a los partidos políticos, pone en evidencia la amplia discrecionalidad del CSE, poniéndose por encima de la ley, con ello niegan el derecho de participación ciudadana, menosprecian el proceso de desarrollo del gobierno municipal y la descentralización del Estado, al igual que debilita la autonomía Municipal, convirtiendo en papel mojado las Leyes de Municipios, de Régimen Presupuestario Municipal y la Ley de Carrera administrativa.
Advertimos que la falta de cumplimiento de los procedimientos y garantías necesarias, este proceso electoral municipal nos puede alejar de los cauces cívicos y terminar de hundir el Estado de Derecho, atenta contra la voluntad soberana del pueblo, por lo que todos debemos participar en la denuncia nacional e internacional de todas las irregularidades, y aprestarnos a organizarnos para defender nuestros legítimos derechos civiles y políticos constitucionales.
Demandamos el cambio de las autoridades electorales y nombramiento de nuevas autoridades con los requisitos de imparcialidad, profesionalismo e independencia.
Demandamos respeto a las reglas de derecho, a los procedimientos y garantías jurídicas, técnicas y administrativas que permitan que el pueblo pueda expresarse, y que su voluntad sea respetada.
Rechazamos desde ya la instrumentalización y manipulación del proceso electoral municipal, por parte del partido de gobierno, como medio para seguir avanzando en su voluntad hegemónica de control y concentración de poder totalitario.
Llamamos a la ciudadanía a repudiar todas las irregularidades que ha impuesto el Consejo Supremo Electoral, a prepararnos y continuar organizándonos y movilizarnos para exigir verdaderas elecciones, libres y transparentes, que permitan la restauración de la democracia, el respeto a los derechos humanos, la estabilidad y la paz.
Coordinadora Civil
Managua 2 de octubre de 2012
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