ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, EN FORO CON EL PNUD NICARAGUA RUMBO A CAIRO + 20.

Mas de 37 organizaciones de la sociedad civil Nicaraguense en sesion de trabajo con el PNUD discutiendo sobre cumbre Cairo +20.

AUMENTO DE ALGUNOS PRODUCTOS EN LA CANASTA BASICA, RECIENTEN A LA POBLACION.

Jovenes Comunicadores de la Red Managua realziaron sondeo ciudadano sobre el aumento de algunos perecederos de la canasta basica durante el lunes 20 de agosto con ustedes las opiniones de la poblacion.

RED MANAGUA EN MESA DE DIALOGO CON IGLESIAS EVANGELICAS.

En el distritol 4 de managua la red managua sostuvo un encuentro con la iglesia evangelica Jeremias 33:3  con el objetivo de abordar  la propuesta tributaria que la coordinadora civil esta inpulsando.

LAS NEGOCIACIONES CON GAS NATURAL Y LAS PERDIDAS DE ENERGIA:

Escrito Por: Adolfo Acevedo Vogl.
Comision Economica Coordinadora Civil.

En mi apreciación, en este caso estamos en presencia de una pugna entre dos grupos de poder, y no estoy seguro que los intereses de cualquiera de ellos tenga que ver con los de la gran mayoría de los nicaragüenses.

 

 Me referiré en primer lugar a las perdidas de energía.

 

 En el INFOGRAMA publicado el día de hoy por La Prensa se dice que: ¨las perdidas no son cubiertas por la actual tarifa¨. Me parece que en este caso debería decirse que ¨las perdidas no son cubiertas EN SU TOTALIDAD por la tarifa¨. En realidad, la mitad de esas perdidas las asumimos ya los consumidores a través de la tarifa: desde hace mucho, la misma transfiere a los usuarios de la energía un 50% de las perdidas.

 

 Tampoco la tarifa tiene porque cubrir el 100% de las perdidas. El cubrir solo el 50% de las perdidas no es arbitrario: el propósito es subsanar aquellas perdidas que no dependen tanto de la acción de la empresa, pero no aquellas que caen bajo su responsabilidad, y que se tienen que reducir a partir del esfuerzo de inversión y fiscalización de la propia empresa.

 

 Si se cubriera el 100% de las perdidas, lo cual seria una aberración, se libraría por completo a la empresa del esfuerzo que tiene que hacer en estos campos para reducir las perdidas: no tendría entonces el mas mínimo incentivo por invertir lo necesario en modernizar la red de distribución y hacer el esfuerzo de fiscalización que requiere la aplicación de la Ley Anti-Fraude.

 

 Por otra parte, según el Estudio elaborado por CONCOL, un 50% de las perdidas correspondía al fraude energético, un 17.5% a mercados y asentamientos, y un 32.5% a perdidas técnicas. Obsérvese que entre mercados y asentamientos y perdidas técnicas abarcan un 50% de las perdidas. Entonces, si asumimos que el 50% de las perdidas cubiertas por la tarifa subsanan las perdidas debidas a asentamientos y mercados y las perdidas técnicas, el otro 50% de las perdidas que resta por subsanar correspondería a las perdidas por fraude.

 

 Al respecto un informe del BID elaborado por M. Dussan y V Blanlot, indicaba que: “ Debe considerarse además que no todo el consumo irregular se debe a conexiones ilegales de usuarios de bajos ingresos; existe también una proporción de conexiones legales cuya medición ha sido crónicamente adulterada, o que por largos períodos no pagaban su cuenta de electricidad.”

 

 Pero debemos recordar que precisamente para hacer frente al fraude, se emitió la denominada Ley Anti-fraude Energético, que proporciona a la transnacional Gas Natural, que monopoliza la distribución de energía en el país, todos los instrumentos legales necesarios, incluidas medidas penales, para combatir el fraude.

 

 Talvez la empresa distribuidora debía informarnos porque, tras tantos años de vigencia de dicha ley, que le proporciona todos los instrumentos necesarios para combatir el fraude, las perdidas debido al fraude continúan sin reducirse.

 

 Esto solo es posible si la empresa no efectúa el esfuerzo de fiscalización que corresponde, bajo la supervisión del INE, para detectar el fraude (cerca de mi casa un negocio que se conecta ilegalmente y en los últimos 15 días ha provocado dos apagones por sobrecarga en la zona donde vivo, y Gas Natural no parece muy interesada).

 

 Recordemos además que las perdidas técnicas representaban según el estudio de Concol el 32.5% de las perdidas, y que esas perdidas se reducen con inversión. Pero incluso las inversiones pueden blindar las redes de distribución para dificultar que la gente se pueda pegar tan fácilmente a las redes.

 

 Al mismo tiempo, CONCOL recomendaba que la empresa distribuidora llevase a cabo un Plan de Inversiones para reducir las pérdidas del 26 por ciento a 12 por ciento, en un plazo de siete años. Desde entonces, ya han pasado mas de tres años, y dicha meta continua muy lejos de cumplirse.

 

 Desde este punto de vista, el aumento de la tarifa para cubrir la totalidad de las perdidas es una opción aberrante, que busca trasladarle la carga total de este problema a los consumidores.

 

 Por otra parte, la opción de que ALBANISA tome el control de la distribución de energía, dejaría a los consumidores a merced de decisiones arbitrarias, determinadas por necesidades de orden financiero o políticas o de cualquier otra índole de este grupo, que podría implementar sin ningún obstáculo debido, no solo al poder de monopolio casi total que ejercería sobre el sector eléctrico como un todo, sino también a partir del control de los distintos poderes públicos y de las asignaciones presupuestarias.

 

 Parece ser que los ciudadanos estemos condenados a que las empresas distribuidoras y el gobierno se reúnan en lo que nuestro amigo del ICEFI Jonathan Menkos denomina ¨obscuros espacios, alejados del escrutinio público¨ y determinen que nosotros debemos subsanar sus perdidas, y subvencionar sus ganancias.

¿Es posible financiar una pensión reducida?

Escrito por: Adolfo Acevedo Vogl.
Comision Economica Coordinadora Civil.

Una pensión básica del orden de US$ 50 al mes (C$ 1,175) para 60,000 adultos mayores que no lograron acumular las 750 cotizaciones necesarias para recibir una pensión significaría una partida de US$ 36 Millones (C$ 846 Millones). ¿Es posible financiar esta partida de manera sana?.

Al 30 de Junio la recaudación fiscal estaba creciendo al 20 por ciento; si finaliza el año creciendo un 18 por ciento, el monto recaudado excedería en US$ 154 Millones (C$ 3,635 Millones) el monto presupuestado de ingresos fiscales. Los US$ 36 Millones representarían apenas el 23.4% de dicha sobre-recaudación.

En un país que ha entrado en que apenas el 15% de los adultos mayores recibe una pensión y donde solo el 20% de la población ocupada esta cubierto por el INSS, y que  además ha entrado un periodo de transito a la fase plena de envejecimiento poblacional, el tema de una política de protección social para los adultos mayores debe revestir una alta prioridad.

Debido a las características del mercado laboral nicaragüense, es preciso comenzar a plantearse la necesidad de un sistema de protección social universal a los adultos mayores que incluya, además del sistema de pensiones basado en la cotización de los afiliados activos, - un aporte complementario financiado mediante impuestos generales

Esto obedece a que nuestro sistema publico de pensiones administrado por el INSS genera beneficios inadecuados o sencillamente nulos para los adultos mayores cuando a) la densidad de cotización de estos fue muy baja y no lograron cumplir con los años requeridos de cotización, b) los ingresos de las personas a lo largo de la vida laboral fueron muy bajos, c) sencillamente, las personas quedaron fuera del sistema de pensiones (como ocurre con la mayor parte de los trabajadores nicaragüenses).

 

En esos casos, los beneficios a recibir del sistema de pensiones del INSS por parte de los trabajadores con un record limitado de contribuciones, o que jamás lograron ser cubiertos por el INSS, deberían complementarse o asegurarse a través de un esquema de pensión básica, financiado a través del presupuesto (aunque puede ser administrado por el INSS), al cual podría optar cualquier adulto mayor que cumpla las características anteriormente mencionadas.

 

A titulo de ilustracion, una pension basica para todos los adultos mayores mayores de 70 que no reciban pension del INSS tendria un costo del orden de US$ 85 Millones (C$ 2,000 Millones), equivalente al 56% de la sobre-recaudacion que podria esperarse.

Esquemas como este ya existen de alguna manera mas de 80 países del mundo, que incluyen algunos de Centro América, y se corresponden con la Iniciativa Piso Social de Protección Social dirigida conjuntamente por la OIT y la OMS y supone la participación oficial de un grupo de organismos colaboradores, entre otros la FAO, el FMI, el ACNUDH, las comisiones regionales de las Naciones Unidas, el ONUSIDA , el DAES, el PNUD, la UNESCO, el UNFPA, el ONU-HABITAT, el ACNUR, el UNICEF , la ONUDD , el OOPS, el PMA, la OMM y el Banco Mundial.

 

Esto implica que la transformación del sistema tributario es un complemento ineludible de un sistema de protección social universal para los adultos mayores. La única justificación legítima para una transformación profunda del sistema tributario es precisamente lograr que el sistema tributario sea capaz de generar los recursos indispensables para asegurar una serie de prestaciones sociales básicas que deben hacerse extensivas a toda la población, entre ellas asegurar que ningún adulto mayor carezca al menos de una protección social básica.

Ello requiere de una estructura tributaria de bases amplias, es decir con muy limitados privilegios fiscales, exenciones y tratamientos especiales, y cuya carga se distribuya conforme al principio de capacidad contributiva, de manera que quienes ganen más aporten relativamente más (lo cual implica que el sistema tributario debe ser progresivo).

El Piso de Protección Social: Asequible incluso en países de ingresos bajos

* La Iniciativa del Piso de Protección Social la dirigen conjuntamente la OIT y la OMS y supone la participación oficial de un grupo de organismos colaboradores, entre otros la FA O, el FMI, el ACNUDH, las comisiones regionales de las Naciones Unidas, el ONUSIDA , el DAE S, el PNUD, la UNESCO, el UNFPA, el ONU-HABITAT, el ACNUR, el UNICEF , la ONUDD , el OOPS, el PMA, la OMM y el Banco Mundial.

El concepto del Piso de Protección Social se basa en principios compartidos de justicia social y en el derecho universal de todas las personas a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado para la salud y bienestar de ellas y sus familias que incluya aspectos tales como la alimentación, el vestido, la vivienda, la atención médica y los servicios sociales necesarios.

Se trata de un enfoque basado en los derechos cuya idea fundamental es que nadie debería vivir por debajo de un determinado nivel de ingresos y que todo el mundo debería al menos poder acceder a servicios sociales básicos con el fin de mejorar sus posibilidades de acceder a un trabajo decente.

El Piso de Protección Social, en la definición de la Junta de Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación (JJE ), es un conjunto integrado de políticas sociales diseñado para garantizar a toda persona la seguridad de los ingresos y el acceso a los servicios sociales esenciales, prestando especial atención a los grupos vulnerables y protegiendo y capacitando a las personas a lo largo del ciclo de vida. El Piso Social prevé garantías en materia de:

* seguridad básica de los ingresos, mediante diversas formas de transferencias sociales (monetarias o en especie), tales como pensiones para las personas de edad o para las personas con discapacidades, prestaciones por hijos a cargo, prestaciones de apoyo a los ingresos y/o garantías y servicios relativos al empleo para las personas desempleadas y los trabajadores pobres;

* acceso universal y asequibilidad a servicios sociales esenciales en los ámbitos de la salud, agua y saneamiento, educación, seguridad alimentaria, vivienda y otras esferas definidas en las prioridades nacionales (JJE , 2009a; OIT y OMS, 2009).

El concepto es coherente con una estrategia bidimensional para extender la seguridad social integrada por un conjunto básico de garantías sociales para todos (la dimensión horizontal) y la implementación gradual de normas más rigurosas (la dimensión vertical), de conformidad con el Convenio de la OIT sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102), entre otras, a medida que los países generen el espacio fiscal y político necesario (OIT, 2009b).

El Piso Social combina el enfoque tradicional basado en el ciclo de vida, caracterizado por programas integrales de desarrollo humano para los niños y sus familias, las personas subempleadas y los trabajadores pobres (incluidos los que padecen alguna discapacidad) y las personas de edad), junto con los últimos desarrollos en el análisis de la pobreza y la vulnerabilidad. Estos últimos tienen en cuenta el empleo precario y la diversidad de estructuras familiares y constituyen la base de la mayor parte de los nuevos programas de protección social introducidos en los países en desarrollo.

El concepto de Piso de Protección Social difiere de forma sustancial de la noción de redes de seguridad social promovida por las instituciones financieras internacionales a finales de los años ochenta y principios de los noventa del siglo pasado en el contexto de los programas de reformas estructurales basados en el mercado.

En las redes de seguridad social, las políticas sociales eran consideradas como un componente residual del desarrollo económico. La aplicación de este tipo de medidas obedecía a la necesidad de prestar asistencia a las personas pobres y vulnerables durante las reformas estructurales para mitigar los efectos de los ajustes estructurales y facilitar el respaldo político a los mismos. Estas medidas solían ser de carácter temporal y fragmentario y estar destinadas específicamente a las personas pobres y vulnerables dentro de un marco basado en las necesidades.

Durante el decenio 2000-2010, muchos países cuestionaron este enfoque. Existe una mayor concienciación sobre la conveniencia de pasar de un enfoque de la protección social basado en las necesidades a uno basado en los derechos que garantizaba los derechos sociales básicos como condición previa de la ciudadanía.

El Piso representa por sí mismo una herramienta importante para luchar contra la pobreza y la desigualdad. Para que pueda desempeñar su función al máximo, no puede operar de forma aislada. Por el contrario, la probabilidad de que las propiedades reductoras de la pobreza del Piso surtan efecto será mayor si viene acompañada de otras estrategias que refuercen a las instituciones laborales y sociales y promuevan entornos macroeconómicos favorables al empleo, los sistemas fiscales progresivos y el trabajo.

Los países desarrollados ya reconocen debidamente la eficacia de las medidas propias del Piso de Protección Social para reducir la pobreza, contener la desigualdad y sostener un crecimiento económico equitativo (IIEL , 2008).

En los países de la OCDE se estima que los niveles de pobreza y desigualdad son aproximadamente la mitad de los que cabría esperar en ausencia de este tipo de disposiciones sociales. Dicho esto, la reducción de la pobreza en estos países es el resultado de combinar las medidas propias del Piso de Protección Social con formas más integrales de seguridad social en el marco de los sistemas de protección social. Esto refuerza la necesidad de los países en los cuales ya se han adoptado las medidas propias de un Piso consolidado de dar el siguiente paso y desarrollar la dimensión vertical de la ampliación de la protección social.

La seguridad social, tanto en su dimensión horizontal (el Piso de Protección Social) como en su dimensión vertical, de nivel superior, también desempeña un papel importante en la contención de la desigualdad y la promoción de un crecimiento equitativo. Los datos señalan que en los países con un elevado gasto social la desigualdad de ingresos es muy inferior a la de los países con un gasto social inferior (medido por coeficientes de Gini que oscilan entre el 0,225 y 0,261 en el primer caso, en comparación con cifras superiores al 0,3 en el segundo) (Cantillon, 2009).

Cuando se valoran estas cifras es preciso tener en cuenta los efectos agregados de la fiscalidad y del sistema de transferencias sociales en su conjunto en la reducción de la pobreza. El hecho de que un país tenga una fiscalidad progresiva o regresiva tiene una gran influencia sobre los efectos redistributivos de la protección social. Es razonable pensar que con un régimen tributario regresivo los pobres podrían terminar pagando más en concepto de impuestos de lo que reciben bajo la forma de apoyo a los ingresos. Un escenario de este tipo resultaría de poca utilidad para reducir la desigualdad de ingresos y la pobreza.

El desarrollo de sistemas de protección social, incluido el Piso de Protección Social, implica una amplia gama de necesidades de recursos, especialmente en los países más pobres.

Desde una perspectiva macroeconómica, la primera cuestión crítica que hay que dilucidar es si existe suficiente espacio fiscal o si puede generarse, en competencia con otros objetivos nacionales, para satisfacer las necesidades financieras permanentes de un paquete de Piso. La segunda cuestión crítica es la sostenibilidad fiscal a largo plazo. La respuesta depende no sólo de las fuentes de financiación disponibles (internas y externas), sino también, y de forma importante, del grado de voluntad política y compromiso con el objetivo de proporcionar una protección social adecuada y eficaz. Igualmente importante es el grado de eficiencia con que pueda aplicarse y administrarse el sistema, así como garantizar el apoyo público mediante un consenso social en torno a la conveniencia y el valor añadido de estos sistemas. La ampliación del espacio fiscal debería basarse en una fiscalidad progresiva.

Los estudios llevados a cabo, en concreto los de la OIT en colaboración con el FMI, el ONU-DAE S, el UNICEF y la CEPAL , así como HelpAge International, ofrecen valiosas opiniones que, contrariamente a lo que dicta la «ortodoxia», señalan que el costo de medidas específicas de seguridad social a un nivel básico, del tipo de las comprendidas en el Piso, puede mantenerse en un porcentaje relativamente modesto del ingreso nacional, incluso en los países de ingresos bajos.

Diversos estudios sostienen que un paquete básico de protección social que extienda la seguridad de los ingresos y amplíe los servicios de salud esenciales es asequible incluso en los países más pobres.

Tomado de: Piso de Protección Social para una globalización equitativa e inclusiva. Informe del Grupo consultivo presidido por Michelle Bachelet

La pobrisima ejecucion del Gasto de Capital por parte del MINED y el MINSA

Escrito Por: Adolfo ACevedo Vogl.

Comision Economica Coordinadora Civil.

Este año parece haber un problema muy serio con la ejecucion del Presupuesto para Gasto de Capital de las dos mas grandes instituciones del area social del pais, el Ministerio de Educacion (MINED) y el Ministerio de Salud). Debido a las enormes necesidades de inversion en infraestructura educativa y de salud, y a la prioridad que debe asignarse a la misma, este hecho amerita una atencion especial. 

Al 30 de Junio de 2012, el MINED apemas habia ejecutado del 8.48% de su Presupuesto para Gastos de Capital. En el caso de los Proyectos asociados al Programa de Inversion Publica, el grado de Ejecucion era del 11.21%. En esta presupuestacion se vuelve a incluir la rehabilitacion de los ya famosos tres instituros nacionales, financiada con fondos de canje de deuda con España, que se vienen arrastransdo desde 2009. El grado de Ejecucion de Otro Gasto de Capital es solo del 1.37%.  

En el caso del MINSA, el grado de Ejecucion de su Presupuesto para Gastos de Capital es de apenas el 12.9%. La Ejecucion de los Proyectos asociados al Programa de Inversion Publica es de solo el 14.59%.

 

REFORMA FISCAL O CLIENTELISMO POLITICO.

Escrito Por.
Alejnadro Calero.
Coordinador Comision Economica 
Red Managua Coordinadora Civil.

El Gobierno anunció que para la próxima reforma fiscal se analizará ampliar el margen de cobertura de los trabajadores que pagan IR que ganan menos de 75,000 córdobas al año. Según las palabras del asesor económico, se necesita recaudar más para programas sociales.

 

La Coordinadora Civil ha manifestado en muchas ocasiones que se necesita un sistema tributario progresivo, que significa que los que tienen mayores ingresos pagan más impuestos, y la carga tributaria es menor para los que tienen menos. Nicaragua cuenta con un sistema tributario regresivo, que es lo inverso del sistema progresivo.

 

Ha quedado demostrada la preocupación y temor que existe en el orteguismo por la pérdida de la ayuda venezolana, por lo que prefieren adelantarse a la situación inevitable que se acerca, para ello necesitan mantener el favor a los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) al precio que sea y para que no exista rebelión en la granja, (aumentar el número de concejales no es suficiente para mantener calmados a tantos partidarios inconformes), se les debe garantizar el pago a la fidelidad para saber qué realiza el “enemigo” en cada cuadra, casa, iglesia o barrio.

 

La clase trabajadora más afectada no gana ni siquiera el valor de la canasta básica, que ya anda por los quince mil córdobas y no debe cargar con los favores del clientelismo político, que pretende seguir realizando el Gobierno a costa de los raquíticos salarios de la clase más pobre.

 

Cómo se pretende querer engañar con continuar los programas sociales cuando está demostrado hasta la saciedad que los únicos beneficiados son los CPC, si no regresemos a San José de Cusmapa en El Carrizo, la familia Torres por el solo hecho de no pensar igual al Gobierno no gozó de los privilegios de esos programas, quedó demostrado que mientras sus vecinos cambiaron los techos y las paredes de sus casas, ellos continuaron viviendo en la miseria solo por pensar diferente.

 

¿Podremos creer que el IR que se les deduzca a los menos asalariados será para beneficiar a otros más necesitados?

Si el Gobierno quiere una reforma integral, que Ortega comience pagando sus impuestos y deje de beneficiarse de las exoneraciones.

 

A través de la historia, hemos sido testigos que cuando se anuncian con bombos y platillos estas famosas reformas fiscales, el país continúa siendo el mismo.

 

Pero la solución no es que los trabajadores que ganan menos de 6,250 córdobas mensuales paguen IR, cuando son ellos los que más impuestos indirectos pagan. Un mismo bien obliga pagar a varias personas de la misma manera, independientemente de su capacidad contributiva. Por ejemplo, la cajera de un banco que gana cuatro mil córdobas mensuales paga lo mismo en IVA por una libra de pollo que el gerente del mismo banco, que gana diez veces más que la cajera.

 

El actual sistema tributario es muy generoso con las grandes empresas, por la vía de las exenciones y exoneraciones. Hay varios sectores (como el turismo y las zonas francas) que no pagan impuestos. Un hotel moderno cinco estrellas no paga impuesto, una ferretería o una mueblería debe pagar IR. (Hacia un sistema tributario más justo y equitativo: Alianza por la Reforma Tributaria en Nicaragua).

MANAGUAS CELEBRAN A SU PATRONO SANTO DOMINGO DE GUZMAN.

COORDINADORA CIVIL INICIA PROCESO DE FORMACION A PERIODISTAS DE MEDIOS DE COMUNICACION.

EXITOSO FORO NACIONAL DE GÉNERO DE LA COORDINADORA CIVIL

FORO NACIONAL DE GÉNERO DE LA COORDINADORA CIVIL.