Comision Economica Coordinadora Civil.
En mi apreciación, en este caso estamos en presencia
de una pugna entre dos grupos de poder, y no estoy seguro que los
intereses de cualquiera de ellos tenga que ver con los de la gran
mayoría de los nicaragüenses.
Me referiré en primer lugar a las perdidas de energía.
En el INFOGRAMA publicado el día de hoy por La
Prensa se dice que: ¨las perdidas no son cubiertas por la actual
tarifa¨. Me parece que en este caso debería decirse que ¨las perdidas no
son cubiertas EN SU TOTALIDAD por la tarifa¨. En realidad, la mitad de
esas perdidas las asumimos ya los consumidores a través de la tarifa:
desde hace mucho, la misma transfiere a los usuarios de la energía un
50% de las perdidas.
Tampoco la tarifa tiene porque cubrir el 100% de
las perdidas. El cubrir solo el 50% de las perdidas no es arbitrario: el
propósito es subsanar aquellas perdidas que no dependen tanto de la
acción de la empresa, pero no aquellas que caen bajo su responsabilidad,
y que se tienen que reducir a partir del esfuerzo de inversión y
fiscalización de la propia empresa.
Si se cubriera el 100% de las perdidas, lo cual
seria una aberración, se libraría por completo a la empresa del esfuerzo
que tiene que hacer en estos campos para reducir las perdidas: no
tendría entonces el mas mínimo incentivo por invertir lo necesario en
modernizar la red de distribución y hacer el esfuerzo de fiscalización
que requiere la aplicación de la Ley Anti-Fraude.
Por otra parte, según el Estudio elaborado por
CONCOL, un 50% de las perdidas correspondía al fraude energético, un
17.5% a mercados y asentamientos, y un 32.5% a perdidas técnicas.
Obsérvese que entre mercados y asentamientos y perdidas técnicas abarcan
un 50% de las perdidas. Entonces, si asumimos que el 50% de las
perdidas cubiertas por la tarifa subsanan las perdidas debidas a
asentamientos y mercados y las perdidas técnicas, el otro 50% de las
perdidas que resta por subsanar correspondería a las perdidas por
fraude.
Al respecto un informe del BID elaborado por M.
Dussan y V Blanlot, indicaba que: “ Debe considerarse además que no todo
el consumo irregular se debe a conexiones ilegales de usuarios de bajos
ingresos; existe también una proporción de conexiones legales cuya
medición ha sido crónicamente adulterada, o que por largos períodos no
pagaban su cuenta de electricidad.”
Pero debemos recordar que precisamente para hacer
frente al fraude, se emitió la denominada Ley Anti-fraude Energético,
que proporciona a la transnacional Gas Natural, que monopoliza la
distribución de energía en el país, todos los instrumentos legales
necesarios, incluidas medidas penales, para combatir el fraude.
Talvez la empresa distribuidora debía informarnos
porque, tras tantos años de vigencia de dicha ley, que le proporciona
todos los instrumentos necesarios para combatir el fraude, las perdidas
debido al fraude continúan sin reducirse.
Esto solo es posible si la empresa no efectúa el
esfuerzo de fiscalización que corresponde, bajo la supervisión del INE,
para detectar el fraude (cerca de mi casa un negocio que se conecta
ilegalmente y en los últimos 15 días ha provocado dos apagones por
sobrecarga en la zona donde vivo, y Gas Natural no parece muy
interesada).
Recordemos además que las perdidas técnicas
representaban según el estudio de Concol el 32.5% de las perdidas, y que
esas perdidas se reducen con inversión. Pero incluso las inversiones
pueden blindar las redes de distribución para dificultar que la gente se
pueda pegar tan fácilmente a las redes.
Al mismo tiempo, CONCOL recomendaba que la empresa
distribuidora llevase a cabo un Plan de Inversiones para reducir las
pérdidas del 26 por ciento a 12 por ciento, en un plazo de siete años.
Desde entonces, ya han pasado mas de tres años, y dicha meta continua
muy lejos de cumplirse.
Desde este punto de vista, el aumento de la tarifa
para cubrir la totalidad de las perdidas es una opción aberrante, que
busca trasladarle la carga total de este problema a los consumidores.
Por otra parte, la opción de que ALBANISA tome el
control de la distribución de energía, dejaría a los consumidores a
merced de decisiones arbitrarias, determinadas por necesidades de orden
financiero o políticas o de cualquier otra índole de este grupo, que
podría implementar sin ningún obstáculo debido, no solo al poder de
monopolio casi total que ejercería sobre el sector eléctrico como un
todo, sino también a partir del control de los distintos poderes
públicos y de las asignaciones presupuestarias.
Parece ser que los ciudadanos estemos condenados a
que las empresas distribuidoras y el gobierno se reúnan en lo que
nuestro amigo del ICEFI Jonathan Menkos denomina ¨obscuros espacios,
alejados del escrutinio público¨ y determinen que nosotros debemos
subsanar sus perdidas, y subvencionar sus ganancias.
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