Comision Economica Coordinadora Civil.
Una pensión básica del orden de US$ 50 al mes (C$ 1,175) para
60,000 adultos mayores que no lograron acumular las 750 cotizaciones
necesarias para recibir una pensión significaría una partida de US$ 36
Millones (C$ 846 Millones). ¿Es posible financiar esta partida de manera
sana?.
Al 30 de
Junio la recaudación fiscal estaba creciendo al 20 por ciento; si
finaliza el año creciendo un 18 por ciento, el monto recaudado excedería
en US$ 154 Millones (C$ 3,635 Millones) el monto presupuestado de
ingresos fiscales. Los US$ 36 Millones representarían apenas el 23.4% de
dicha sobre-recaudación.
En un país que ha entrado en que apenas el 15% de los adultos mayores recibe una pensión y donde solo el 20% de la población ocupada esta cubierto por el INSS, y que además ha entrado un periodo de transito a la fase plena de envejecimiento poblacional, el tema de una política de protección social para los adultos mayores debe revestir una alta prioridad.
Debido a las características del mercado laboral nicaragüense, es preciso comenzar a plantearse la necesidad de un sistema de protección social universal a los adultos mayores que incluya, además del sistema de pensiones basado en la cotización de los afiliados activos, - un aporte complementario financiado mediante impuestos generales
El Piso Social combina el enfoque tradicional basado en el ciclo de vida, caracterizado por programas integrales de desarrollo humano para los niños y sus familias, las personas subempleadas y los trabajadores pobres (incluidos los que padecen alguna discapacidad) y las personas de edad), junto con los últimos desarrollos en el análisis de la pobreza y la vulnerabilidad. Estos últimos tienen en cuenta el empleo precario y la diversidad de estructuras familiares y constituyen la base de la mayor parte de los nuevos programas de protección social introducidos en los países en desarrollo.
Durante el decenio 2000-2010, muchos países cuestionaron este enfoque. Existe una mayor concienciación sobre la conveniencia de pasar de un enfoque de la protección social basado en las necesidades a uno basado en los derechos que garantizaba los derechos sociales básicos como condición previa de la ciudadanía.
El Piso representa por sí mismo una herramienta importante para luchar contra la pobreza y la desigualdad. Para que pueda desempeñar su función al máximo, no puede operar de forma aislada. Por el contrario, la probabilidad de que las propiedades reductoras de la pobreza del Piso surtan efecto será mayor si viene acompañada de otras estrategias que refuercen a las instituciones laborales y sociales y promuevan entornos macroeconómicos favorables al empleo, los sistemas fiscales progresivos y el trabajo.
En un país que ha entrado en que apenas el 15% de los adultos mayores recibe una pensión y donde solo el 20% de la población ocupada esta cubierto por el INSS, y que además ha entrado un periodo de transito a la fase plena de envejecimiento poblacional, el tema de una política de protección social para los adultos mayores debe revestir una alta prioridad.
Debido a las características del mercado laboral nicaragüense, es preciso comenzar a plantearse la necesidad de un sistema de protección social universal a los adultos mayores que incluya, además del sistema de pensiones basado en la cotización de los afiliados activos, - un aporte complementario financiado mediante impuestos generales
Esto obedece a que nuestro sistema publico de
pensiones administrado por el INSS genera beneficios inadecuados o
sencillamente nulos para los adultos mayores cuando a) la densidad de
cotización de estos fue muy baja y no lograron cumplir con los años
requeridos de cotización, b) los ingresos de las personas a lo largo de
la vida laboral fueron muy bajos, c) sencillamente, las personas
quedaron fuera del sistema de pensiones (como ocurre con la mayor parte
de los trabajadores nicaragüenses).
En esos casos, los beneficios a recibir del sistema
de pensiones del INSS por parte de los trabajadores con un record
limitado de contribuciones, o que jamás lograron ser cubiertos por el
INSS, deberían complementarse o asegurarse a través de un esquema de
pensión básica, financiado a través del presupuesto (aunque puede ser
administrado por el INSS), al cual podría optar cualquier adulto mayor
que cumpla las características anteriormente mencionadas.
A titulo de ilustracion, una pension basica para
todos los adultos mayores mayores de 70 que no reciban pension del INSS
tendria un costo del orden de US$ 85 Millones (C$ 2,000 Millones),
equivalente al 56% de la sobre-recaudacion que podria esperarse.
Esquemas como este ya existen de
alguna manera mas de 80 países del mundo, que incluyen algunos de
Centro América, y se corresponden con la Iniciativa Piso Social de Protección Social
dirigida conjuntamente por la OIT y la OMS y supone la participación
oficial de un grupo de organismos colaboradores, entre otros la FAO, el
FMI, el ACNUDH, las comisiones regionales de las Naciones Unidas, el
ONUSIDA , el DAES, el PNUD, la UNESCO, el UNFPA, el ONU-HABITAT, el
ACNUR, el UNICEF , la ONUDD , el OOPS, el PMA, la OMM y el Banco Mundial.
Esto implica que la transformación del sistema
tributario es un complemento ineludible de un sistema de protección
social universal para los adultos mayores. La
única justificación legítima para una transformación profunda del
sistema tributario es precisamente lograr que el sistema tributario sea
capaz de generar los recursos indispensables para
asegurar una serie de prestaciones sociales básicas que deben hacerse
extensivas a toda la población, entre ellas asegurar que ningún adulto
mayor carezca al menos de una protección social básica.
Ello requiere
de una estructura tributaria de bases amplias, es decir con muy
limitados privilegios fiscales, exenciones y tratamientos especiales, y
cuya carga se distribuya conforme al principio de capacidad
contributiva, de manera que quienes ganen más aporten relativamente más
(lo cual implica que el sistema tributario debe ser progresivo).
El Piso de Protección Social: Asequible incluso en países de ingresos bajos
* La
Iniciativa del Piso de Protección Social la dirigen conjuntamente la
OIT y la OMS y supone la participación oficial de un grupo de organismos
colaboradores, entre otros la FA O, el FMI, el ACNUDH, las comisiones
regionales de las Naciones Unidas, el ONUSIDA , el DAE S, el PNUD, la
UNESCO, el UNFPA, el ONU-HABITAT, el ACNUR, el UNICEF , la ONUDD , el
OOPS, el PMA, la OMM y el Banco Mundial.
El concepto del Piso de Protección Social se basa en principios compartidos de justicia social y en el derecho universal de todas las personas a la seguridad social
y a un nivel de vida adecuado para la salud y bienestar de ellas y sus
familias que incluya aspectos tales como la alimentación, el vestido, la
vivienda, la atención médica y los servicios sociales necesarios.
Se trata de un enfoque basado en los derechos cuya idea fundamental es que nadie
debería vivir por debajo de un determinado nivel de ingresos y que todo
el mundo debería al menos poder acceder a servicios sociales básicos con el fin de mejorar sus posibilidades de acceder a un trabajo decente.
El Piso de Protección
Social, en la definición de la Junta de Jefes Ejecutivos del Sistema de
las Naciones Unidas para la Coordinación (JJE ), es un conjunto
integrado de políticas sociales diseñado para garantizar a toda persona
la seguridad de los ingresos y el acceso a los servicios sociales
esenciales, prestando especial atención a los grupos vulnerables y
protegiendo y capacitando a las personas a lo largo del ciclo de vida.
El Piso Social prevé garantías en materia de:
* seguridad básica de los ingresos, mediante diversas formas de transferencias sociales (monetarias o en especie), tales como pensiones para las personas de edad
o para las personas con discapacidades, prestaciones por hijos a cargo,
prestaciones de apoyo a los ingresos y/o garantías y servicios
relativos al empleo para las personas desempleadas y los trabajadores
pobres;
* acceso universal y asequibilidad a servicios sociales esenciales
en los ámbitos de la salud, agua y saneamiento, educación, seguridad
alimentaria, vivienda y otras esferas definidas en las prioridades
nacionales (JJE , 2009a; OIT y OMS, 2009).
El concepto es coherente
con una estrategia bidimensional para extender la seguridad social
integrada por un conjunto básico de garantías sociales para todos (la
dimensión horizontal) y la implementación gradual de normas más
rigurosas (la dimensión vertical), de conformidad con el Convenio de la
OIT sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102), entre
otras, a medida que los países generen el espacio fiscal y político
necesario (OIT, 2009b).
El Piso Social combina el enfoque tradicional basado en el ciclo de vida, caracterizado por programas integrales de desarrollo humano para los niños y sus familias, las personas subempleadas y los trabajadores pobres (incluidos los que padecen alguna discapacidad) y las personas de edad), junto con los últimos desarrollos en el análisis de la pobreza y la vulnerabilidad. Estos últimos tienen en cuenta el empleo precario y la diversidad de estructuras familiares y constituyen la base de la mayor parte de los nuevos programas de protección social introducidos en los países en desarrollo.
El concepto de Piso de
Protección Social difiere de forma sustancial de la noción de redes de
seguridad social promovida por las instituciones financieras
internacionales a finales de los años ochenta y principios de los
noventa del siglo pasado en el contexto de los programas de reformas
estructurales basados en el mercado.
En las redes de seguridad
social, las políticas sociales eran consideradas como un componente
residual del desarrollo económico. La aplicación de este tipo de medidas
obedecía a la necesidad de prestar asistencia a las personas pobres y
vulnerables durante las reformas estructurales para mitigar los efectos
de los ajustes estructurales y facilitar el respaldo político a los
mismos. Estas medidas solían ser de carácter temporal y fragmentario y
estar destinadas específicamente a las personas pobres y vulnerables
dentro de un marco basado en las necesidades.
Durante el decenio 2000-2010, muchos países cuestionaron este enfoque. Existe una mayor concienciación sobre la conveniencia de pasar de un enfoque de la protección social basado en las necesidades a uno basado en los derechos que garantizaba los derechos sociales básicos como condición previa de la ciudadanía.
El Piso representa por sí mismo una herramienta importante para luchar contra la pobreza y la desigualdad. Para que pueda desempeñar su función al máximo, no puede operar de forma aislada. Por el contrario, la probabilidad de que las propiedades reductoras de la pobreza del Piso surtan efecto será mayor si viene acompañada de otras estrategias que refuercen a las instituciones laborales y sociales y promuevan entornos macroeconómicos favorables al empleo, los sistemas fiscales progresivos y el trabajo.
Los países desarrollados ya
reconocen debidamente la eficacia de las medidas propias del Piso de
Protección Social para reducir la pobreza, contener la desigualdad y
sostener un crecimiento económico equitativo (IIEL , 2008).
En los países de la OCDE se
estima que los niveles de pobreza y desigualdad son aproximadamente la
mitad de los que cabría esperar en ausencia de este tipo de
disposiciones sociales. Dicho esto, la reducción de la pobreza en estos
países es el resultado de combinar las medidas propias del Piso de
Protección Social con formas más integrales de seguridad social en el
marco de los sistemas de protección social. Esto refuerza la necesidad
de los países en los cuales ya se han adoptado las medidas propias de un
Piso consolidado de dar el siguiente paso y desarrollar la dimensión
vertical de la ampliación de la protección social.
La seguridad social, tanto
en su dimensión horizontal (el Piso de Protección Social) como en su
dimensión vertical, de nivel superior, también desempeña un papel
importante en la contención de la desigualdad y la promoción de un
crecimiento equitativo. Los datos señalan que en los países con un
elevado gasto social la desigualdad de ingresos es muy inferior a la de
los países con un gasto social inferior (medido por coeficientes de Gini
que oscilan entre el 0,225 y 0,261 en el primer caso, en comparación
con cifras superiores al 0,3 en el segundo) (Cantillon, 2009).
Cuando se valoran estas
cifras es preciso tener en cuenta los efectos agregados de la fiscalidad
y del sistema de transferencias sociales en su conjunto en la reducción
de la pobreza. El hecho de que un país tenga una fiscalidad
progresiva o regresiva tiene una gran influencia sobre los efectos
redistributivos de la protección social. Es razonable pensar
que con un régimen tributario regresivo los pobres podrían terminar
pagando más en concepto de impuestos de lo que reciben bajo la forma de
apoyo a los ingresos. Un escenario de este tipo resultaría de poca
utilidad para reducir la desigualdad de ingresos y la pobreza.
El desarrollo de sistemas de
protección social, incluido el Piso de Protección Social, implica una
amplia gama de necesidades de recursos, especialmente en los países más
pobres.
Desde una perspectiva
macroeconómica, la primera cuestión crítica que hay que dilucidar es si
existe suficiente espacio fiscal o si puede generarse, en competencia
con otros objetivos nacionales, para satisfacer las necesidades
financieras permanentes de un paquete de Piso. La segunda cuestión
crítica es la sostenibilidad fiscal a largo plazo. La respuesta depende
no sólo de las fuentes de financiación disponibles (internas y
externas), sino también, y de forma importante, del grado de voluntad
política y compromiso con el objetivo de proporcionar una protección
social adecuada y eficaz. Igualmente importante es el grado de
eficiencia con que pueda aplicarse y administrarse el sistema, así como
garantizar el apoyo público mediante un consenso social en torno a la
conveniencia y el valor añadido de estos sistemas. La ampliación del espacio fiscal debería basarse en una fiscalidad progresiva.
Los estudios llevados a
cabo, en concreto los de la OIT en colaboración con el FMI, el ONU-DAE
S, el UNICEF y la CEPAL , así como HelpAge International, ofrecen
valiosas opiniones que, contrariamente a lo que dicta la «ortodoxia»,
señalan que el costo de medidas específicas de seguridad social a un
nivel básico, del tipo de las comprendidas en el Piso, puede mantenerse
en un porcentaje relativamente modesto del ingreso nacional, incluso en
los países de ingresos bajos.
Diversos estudios sostienen que un
paquete básico de protección social que extienda la seguridad de los
ingresos y amplíe los servicios de salud esenciales es asequible incluso
en los países más pobres.
Tomado de: Piso de Protección Social para una globalización equitativa e inclusiva. Informe del Grupo consultivo presidido por Michelle Bachelet
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