LANZAMIENTO DE LA PROPUESTA DE REFORMA TRIBUTARIA DE LA COORDINADORA CIVIL

Lanzamiento de la Propuesta de la Coordinadora Civil sobre justicia tributaria en Nicaragua impulsada por la comision economica de la Coordinadora Civil y sus Redes Territoriales, y Redes tematicas. Escrita por el economista Adolsfo Acevedo Vogl de la Comision economica de la CC.

MAS DE 3000 MUJERES MARCHAN EXIGIENDO PONER FIN A LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.

A eso de las 8 de la mañana mujeres de todo el país convocadas por el Movimiento Amplio de Mujeres y la Red de Mujeres contra la Violencia  se dieron  cita al pasado 23 de Noviembre en los semáforos del hospital Militar para demandar al estado de Nicaragua cumpla con la aplicación de la ley integral de violencia  hacia las mujeres ley 779.

Retardación de Justicia, falta de aplicación de políticas públicas, y la falta de asignación de recursos para la aplicación de la ley 779 fueron las exigencias que las organizaciones de mujeres le hacemos al estado de Nicaragua expresó Luz Marina Torres enlace nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia.

Colorido, con música y consignas alusivas a poner fin a todas las formas de violencia hacia las mujeres fueron parte que eufóricamente coreaban miles de mujeres en toda la avenida Universitaria.

Luisa Molina Vocera de la Coordinadora Civil expresó que desde la mesa de género de la Coordinadora Civil  y como mujeres nos estamos sumando a esta lucha, por defender un estado laico que respete el derecho a decidir de las mujeres y que este estado garantice políticas públicas a favor de las mujeres que junto a los jóvenes somos la mayoría de la población en este país.

La actividad culmino con un minuto de silencio en homenaje a la memoria de las mujeres que han sido acecinada por parte de sus conyugues  y con un ritual indígena realizado por mujeres de los pueblos indígenas chorotegas de Madriz y Nueva Segovia.

NP-23-11-12 CJAL

NICARAGUA NECESITA UNA REFORMA TRIBUTARIA JUSTA Y EQUITATIVA.

Con la participación de la Alianza tributaria que impulsa la Coordinadora Civil y que la Integran Christian Aid y el Iiepp, como de diversos representantes de la sociedad civil y Movimientos Sociales nicaragüense fue lanzada la propuesta que Adolfo Acevedo de la comisión económica de la Coordinadora Civil   está haciendo a la población Nicaragüense.

Reforzar el presupuesto de educación con un mejor presupuesto y aprovechar el bono demográfico son parte de la propuesta que está haciendo la Coordinadora Civil al estado de Nicaragua; para el economista Acevedo Volg  La falta de una política Fiscal justa, equitativa, progresiva y transparente es una de las causas de pobreza  y desigualdad en Nicaragua, pues afecta la capacidad del Estado para disponer de recursos financieros y aumentar el gasto social y la inversión pública. El Estado nicaragüense es dependiente de la cooperación  externa y se ve obligado a endeudarse, en lugar de movilizar  recursos a través del sistema tributario.

El Estado a pesar de las numerosas reformas tributarias sigue generando mayor carga tributaria relativa  en la población con menores ingresos, y mantiene un excesivo gasto tributario (exoneraciones o tratamientos especiales) que hace que la base de contribuyente sea estrecha.

Las  recaudaciones en el país dependen más de impuestos indirectos- que gravan  el consumo- que los impuestos directos- que gravan el capital-, lo que convierte el sistema en regresivo, expreso en la exposición de la propuesta que se llevo a cabo el día 22 de Noviembre en la capital Nicaragüense el economista Adolfo Acevedo Volg.

La coordinadora Civil a través de las 13 redes territoriales se encuentran desarrollando un proceso de Formación Ciudadana en todos los departamentos del país sobre derecho tributario en la actualidad ya se finalizaron los primeros  cien talleres de formación con diversos actores locales entre ellos sindicatos, cooperativas, universitarios, pueblos indígenas entre otros.

NP-22-11-12 CJAL.

VOCES DE LA RED TERRITORIAL ESTELI.

Voces de la Red Territorial de la Coordinadora Civil del Departamento de Esteli.

VOCES DE LA RED TERRITORIAL CHONTALES.

voces de la Red Territorial de Chontales en su proceso de instalacion de Mesas de Dialogo, con actores locales de la sociedad Civil.

Presentación del libro del Doctor. Adolfo José Acevedo Vogl

Esta es una muestra de la participación activa que se presencio en el Hotel Barcelo Managua, del libro Una nota sobre los precios de transferencia en Nicaragua siendo el expositor el Doctor. Adolfo Acevedo. El cual presenta varios temas de interés que abordan sobre la economía y transferencia en nuestro país.

SIN CONDICIONES, NI GARANTÍAS NO HAY RESPETO A LA SOBERANÍA POPULAR

La Coordinadora Civil en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, a lo largo de su existencia, ha venido presentado propuestas sobre Gobernabilidad del país desde el 2000, que apuntan a resolver por la vía institucional, la situación de irregularidades en el proceso electoral, tales como: observación electoral; cedulación como un derecho a la identidad nacional, basada en el respeto a la estabilidad, la independencia de poderes y respeto a la ciudadanía.

A un mes de realizarse las elecciones municipales, el pueblo de Nicaragua volverá a vivir otro capítulo más de las irregularidades fraguadas por el Consejo Supremo Electoral (CSE), por encargo del partido de gobierno, del inconstitucional presidente Daniel Ortega.

Tenemos como antecedentes, la exclusión de fuerzas políticas de la competencia electoral para favorecer otras, la falta de transparencia en el resultado electoral de las elecciones del 2008, las regionales del 2009 y las presidenciales del 2011, en las que ha habido una sistemática violación de la ley electoral, tal como fuera reconocido por la Misión de observación de la Unión Europea y la OEA.

Tenemos un Consejo Supremo Electoral ilegal, porque todos los magistrados tienen sus plazos vencidos; porque todas las irregularidades cometidas en cada proceso electoral, han atropellado los derechos de la ciudadanía; porque han violado la Constitución y las leyes, en abierto y desafiante desprecio a la voluntad ciudadana; porque continúan sin credibilidad y con notoria parcialización hacia el partido de gobierno.

Lo que es manifiesto nuevamente mediante la negación de todas las garantías para el ejercicio del derecho al sufragio universal, igual, directo y secreto de todos los ciudadanos, a saber: Discriminación en la cedulación a amplios sectores para favorecer al partido de gobierno; no acreditación de la observación electoral; inequitativa distribución de los segundos miembros que en los Consejos Electorales Departamentales, (CED), Consejos Electorales Municipales (CEM), Consejos Electorales Regionales (CER), y en las Juntas Receptoras de Votos (JRV); pobre verificación ciudadana; padrón electoral sin depuración; obstáculos y no acreditación oportuna de los fiscales de los partidos políticos; no publicación apropiada y oportuna del paso a paso ni de un verdadero código ético electoral; no entrega a todos los fiscales de las copias fidedignas del resultado electoral en cada JRV; no publicación de la normativa de impugnación para interponer los recursos electorales, etc.

Hacemos particular mención merecen las últimas reformas tanto a la ley de Municipios como a la Ley Electoral, ya que han sido presentadas de manera sorpresiva, sin estudio previo, sin verdadera consulta, sin participación de la ciudadanía local, ni de organismos especializados, pues dichas reformas alteran la estructura y el funcionamiento del gobierno local y los gastos municipales; impactan en la toma de decisiones, debilitan la figura del Alcalde y del propio Concejo, sobre todo se ha negado el derecho ciudadano de participación en la gestión estatal y en la función pública local, con lo cual se hecha por el piso la conquista alcanzada sobre la Autonomía, la descentralización y el desarrollo local, así como nuevas formas de participación ciudadana.

El cambio de boleta, sin la identidad de los candidatos a Alcaldes y Concejales, señalando solamente a los partidos políticos, pone en evidencia la amplia discrecionalidad del CSE, poniéndose por encima de la ley, con ello niegan el derecho de participación ciudadana, menosprecian el proceso de desarrollo del gobierno municipal y la descentralización del Estado, al igual que debilita la autonomía Municipal, convirtiendo en papel mojado las Leyes de Municipios, de Régimen Presupuestario Municipal y la Ley de Carrera administrativa.

Advertimos que la falta de cumplimiento de los procedimientos y garantías necesarias, este proceso electoral municipal nos puede alejar de los cauces cívicos y terminar de hundir el Estado de Derecho, atenta contra la voluntad soberana del pueblo, por lo que todos debemos participar en la denuncia nacional e internacional de todas las irregularidades, y aprestarnos a organizarnos para defender nuestros legítimos derechos civiles y políticos constitucionales.

Demandamos el cambio de las autoridades electorales y nombramiento de nuevas autoridades con los requisitos de imparcialidad, profesionalismo e independencia.

Demandamos respeto a las reglas de derecho, a los procedimientos y garantías jurídicas, técnicas y administrativas que permitan que el pueblo pueda expresarse, y que su voluntad sea respetada. 

Rechazamos desde ya la instrumentalización y manipulación del proceso electoral municipal, por parte del partido de gobierno, como medio para seguir avanzando en su voluntad hegemónica de control y concentración de poder totalitario. 

Llamamos a la ciudadanía a repudiar todas las irregularidades que ha impuesto el Consejo Supremo Electoral, a prepararnos y continuar organizándonos y movilizarnos para exigir verdaderas elecciones, libres y transparentes, que permitan la restauración de la democracia, el respeto a los derechos humanos, la estabilidad y la paz.

Coordinadora Civil
Managua 2 de octubre de 2012

II SECION DE TRABAJO DE LAS O.S.C RUMBO A CAIRO + 20 NICARAGUA

II SECION DE TRABAJO DE LAS ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL RUMBO A CAIRO + 20 EN LA CONSTRUCCIÓN DEL INFORME DE PAÍS EL CUAL ESTA SIENDO ABORDADO CON LA PERSPECTIVA DESDE LA SOCIEDAD CIVIL NICARAGÜENSE.

LA INDEPENDENCIA DE LOS SUBORDINADOS

Ni el indígena, ni el campesino, ni el pueblo trabajador,  tampoco el técnico, profesionales y clase media nunca tubo ni tiene independencia, solamente han gozado de independencia los que han estado pegado a las tetas de la clase en el poder desde 1821 hasta nuestros días.

La lucha pre independentista de 1770 a 1821 la hicieron los indios y campesinos  y la dirigieron los hijos de los españoles, terratenientes y latifundista quienes se independizaros de españoles y dejaron de pagar tributos a la corona española.

La guerra Nacional de 1856 la hicieron campesinos y gente con dignidad como Rafael Herrera, José Dolores Estrada, entre otros y se apoderaron de ella los caudillos de León y Granada a quienes se les fue arriba el invasor William Walker, quien junto a su gente restableció el esclavismo e impuso como lengua oficial el inglés.

Después de la expulsión del filibustero Walker y su gente, sucedió un período hasta 1893 donde bajo la sombra de conservadores se expulsó a indios y campesinos de sus tierras, se impuso la Ley contra la vagancia, la Ley contra la deuda y nacieron los latifundistas y terratenientes de este País y bajo la sombra de las constantes de Liberales y Conservadores se firmó el tratado canalero del Río san Juan entre Inglaterra y Estados Unidos ni siquiera tomaron en cuenta a Nicaragua para tal fin.

En 1893, llega al poder José Santos Zelaya y su Gobierno nacionaliza la banca, el ferrocarril de Nicaragua y reincorpora la mosquitia al Pacífico. Pero continúa el despojo de tierra al campesino y  la expansión de tierra y el latifundio sigue adelante a la par de las constantes luchas entre liberales y conservadores por alcanzar el control Político y Económico del territorio nacional. En 1909, derrocan a Zelaya, pero ya en 1907 la nota Knox y  el pacto Dawson ya habían determinado que Nicaragua era para los Estados Unidos, hasta que en 1933 se crea la Guardia Nacional de Nicaragua y su Director sería nada más y nada menos que el Primer representante de la Dictadura Somocista quien fue derrocada por el pueblo nicaragüense, encabezando la lucha el Frente Sandinista de Liberación Nacional.

1979, marcó el final de la Dictadura y el inicio de la revolución popular sandinista. Todo era Luna de Miel entre el pueblo y la dirigencia de los sandinistas, quienes productos de sus malos manejos en Política, Economía y en la falta de respeto a la cultura territorial de los y las nicaragüenses perdieron el poder en Nicaragua en 1990. Del año 1990 hasta el año 2006 se sucedieron en el poder por vía de las elecciones gobiernos Conservadores y Liberales quienes respetaron la naciente democracia participativa en Nicaragua y el naciente Estado de Derecho.

A partir del Gobierno electo en Noviembre del 2006 encabezado por la figura de Daniel Ortega Saavedra con un voto del 38 por ciento que le llevó al poder comenzó la tragedia de los nicaragüenses y daba inicio a un proceso de sometimiento y subordinación de los diversos poderes del Estado al nuevo Presidente quien determina las nuevas funciones de cada funcionario sea o no sea danielista.

Los Cuatro poderes actualmente son Violados por Daniel Ortega Saavedra y por sus funcionarios corruptos quienes se mantienen en sus cargos muy a pesar de que ya se le ha vencido el período para el cual fueron electos y a quienes aún no se les a vencido el período, también son corruptos y complices de las constantes violaciones a la Constitución Política de la República, de sus leyes y de sus normas. Por tanto rompieron el pacto social con el pueblo y hoy no queda más que reivindicar ese Derecho de forma Pacífica y exigir la conformación de un nuevo Estado que restituya los Derechos perdidos por culpa del régimen Ortega Murillo y sus empleados ubicados en los diversos poderes del Estado. 

Lic. Gilberto Molina Cabezas.

 Sría.Comisión Social. Coordinadora civil.

LAS HUELLAS DE LAS CONSTANTES VIOLACIONES.

 PREOCUPADOS  POR LAS FORMAS EN QUE HA VENIDO SIENDO ULTRAJADA POR MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EL REPRESENTANTE DEL REGIMEN ACTUAL Y  FUNCIONARIOS DE LOS DIVERSOS PODERES DEL ESTADO Y EN ESPECIAL POR DIPUTADOS DE LA CORRUPCION SIN INCLUIR A UNOS QUE OTROS QUE SE APARTAN EN ALGUNOS MOMENTOS PERO QUE SI FORMAN PARTE DE LA CORRUPCION SIN TOMAR EN CUENTA LA VOZ DEL PUEBLO QUE A DIARIO PIDEN RESPETO A LA MISMA. MENCIONO ALGUNOS ASPECTOS QUE DEJARON HUELLAS PROFUNDAS EN LOS BIENES DEL PUEBLO Y LAS ARCAS ABIERTAS SIN LIMITES.

1996, MARCÓ EL INICIO DEL ROMPIMIENTO DEL PACTO CONTRAIDO POR LA ASAMBLEA NACIONAL EN REPRESENTACION DEL PUEBLO NICARAGUENSE Y EL PUEBLO NICARAGUENSE. CUANDO DE LA FORMA MAS DEGENERADA EL CONSEJO SUPREMO ELECTORAL COMETE FRAUDE ELECTORAL AL NO CUMPLIR CON LOS PRECEPTOS ESTABLECIDOS POR LA LEY ELECTORAL QUE MANDATA LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR DESDE EL INICIO DE LAS ELECCIONES HASTA EL NOMBRAMIENTO DE LOS ELEGIDOS POR EL PUEBLO PARA CANDIDATOS A PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, DIPUTADOS PROPIETARIOS Y DIPUTADOS SUPLENTES, MIENTRAS LOS REPRESENTANTES DEL PODER LEGISLATIVO GUARDABAN SILENCIO, ANTE ESTA CRIMINALIDAD COMETIDA POR EL CONSEJO SUPREMO ELECTORAL

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EL ARTICULO 129 DE LA CONSTITUCION POLITICA. DICE: LOS PODERES LEGISLATIVO, EJECUTIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL SON INDEPENDIENTES ENTRE SÍ Y SE COORDINAN ARMÓNICAMENTE, SUBORDINADOS UNICAMENTE A LOS INTERESES SUPREMOS DE LA NACION Y A LO ESTABLECIDO EN LA MISMA.

A PARTIR DE ENTONCES EL CONSEJO SUPREMO ELECTORAL, PASA A SER SUBORDINADO DIRECTO DEL PODER EJECUTIVO, QUIEN JUNTO AL PODER LEGISLATIVO SE CONVIERTEN EN TRAIDORES DEL PUEBLO Y VIOLADORES DE LA CARTA MAGNA.

LO DICHO ANTERIORMENTE, NOS INDICA QUE EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO ESTÁ SIENDO ROTO POR QUIENES ADMINISTRAN EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y PODEMOS VER QUE EL ARTÍCULO 130 CONSTITUCIONAL DICE: LA NACIÓN NICARAGUENSE SE CONSTITUYE EN UN ESTADO SOCIAL DE DERECHO. NINGÚN CARGO CONCEDE, A QUIEN LO EJERCE, MÁS FUNCIONES QUE LAS QUE LE CONFIEREN LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES.

POSTERIORMENTE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN EL 2010, EMITE UN DECRETO PRESIDENCIAL PARA PREPARAR SU REELECCIÓN A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN LA TOMA DEL PODER DEL 2012. VIOLANDO DE ESTA FORMA EL ARTÍCULO 147 INCISO A DE LA CONSTITUCIÓN QUE DICE TEXTUALMENTE: a) EL QUE EJERCIERE O HUBIERE EJERCIDO EN PROPIEDAD LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN CUALQUIER TIEMPO DEL PERÍODO EN QUE SE EFECTÚA LA ELECCIÓN PARA EL SIGUIENTE PERÍODO, NI EL QUE HUBIERE EJERCIDO POR DOS PERIODOS PRESIDENCIALES.

ESTE DECRETO FUE RATIFICADO POR LA CORTE SUPREMAN DE JUSTICIA Y CONFIRMADO POR LA ASAMBLEA NACIONAL Y DE ESTA FORMA LOS CUATRO PODERES DEL ESTADO HAN VIOLADO Y ULTRAJADO DE FORMA CRIMINAL Y DELICTIVA LA CARTA MAGNA DEL PAÍS. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA.

AGREGANDO UN POCO MÁS A LAS CONSTANTES VIOLACIONES DE LOS FUNCIONARIOS ELEGIDOS PARA EJERCER EL CARGO EN CADA UNO DE LOS PODERES SOBRESALEN:

VIOLACIONES AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA EN MATERIA DE SALUD, EDUCACIÓN, VIVIENDA, PROGRAMAS SOCIALES, ENTRE OTROS.

LA NO ELECCIÓN DE NUEVOS FUNCIONARIOS PARA EJERCER FUNCIONES EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CONSEJO SUPREMO ELECTORAL, CONTRALORES Y MAGISTRADOS.

LA NO PRESENTACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA EJERCER SUS CARGOS TANTO EN EL EXTERIOR COMO EN EL INTERIOR DEL PAÍS ANTE LA ASAMBLEA NACIONAL PARA SU RATIFICACIÓN Y CONFIRMACIÓN DEL MISMO.

EN SÍNTESIS LOS CUATRO PODERES DEL ESTADO NICARAGUENSE ESTÁN COMETIENDO DELITOS AL EJERCER FUNCIONES Y TOMAR DECISIONES SIN HABER CUMPLIDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA Y LO ÚNICO QUE PUEDEN MERECER POR SUS ACTOS DELICTIVOS ES LA CARCEL.

CONCLUIMOS QUE EL RÉGIMEN ORTEGA MURILLO SE CONSTITUYE EN EL MAYOR VIOLADOR DE DERECHOS: CIVILES, POLÍTICOS, JURÍDICOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS. AMÉN DE LO QUE  SE MANEJA EN SECRETO POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE INFORMAR A LA CIUDADANÍA A LA PRENSA Y AL MUNDO.

O CALLAMOS O DENUNCIAMOS.

LICENCIADO. GILBERTO MOLINA CABEZAS.

COMISION SOCIAL COORDINADORA CIVIL

LEGALIDAD DE LOS ILEGALES PARA LEGITIMAR UN PROCESO ELECTORAL CORRUPTO

Árbol que nace torcido nunca endereza sus ramas. Ese fue el nacimiento del Gobierno Ortega, el que hasta hoy sigue pando y es el Régimen Ortega Murillo en transito hacia una Dictadura mientras el pueblo le siga permitiendo a Daniel y sus empleados que sigan despilfarrando los bienes del pueblo y vaciando las arcas del Banco Central, del INSS y de todo lo que venga al camino de los principales depredadores del pueblo y nuestro territorio.

Un gobierno que es producto del fraude y la corrupción de sus funcionarios convertidos en servidores del régimen y que aún sin nombrar aunque sea de dedos a los continuadores de la corrupción, no debieron llamar a elecciones municipales, por el hecho de estar desacreditado por el pueblo y por la comunidad internacional. Al igual que los autollamados partidos de oposición, los que están lamiendo los platos sucios que van  dejando tirado por el camino los representantes del régimen Ortega Murillo, el que deja un poco de desperdicio a los dique llamados lideres del pueblo católico y evangélico que limpian las botas del señor Ortega y de la señora Murillo. Amén de los Diputados empleados del mismo.  Se ha violado la Ley electoral y sus procedimientos desde el inicio de la misma, su camino pedregoso y su final ya tienen dueño. 

La pregunta es, participará masivamente éste pueblo para legitimar a los corruptos y a los ilegales que lleguen a ocupar un puesto en las municipales, no para servir al pueblo, sino para servir a sus jefes y encontrar el camino del enriquecimiento ilícito que al final es el único requisito para escalar una posición política y para mantenerse en el puesto de la ilegalidad.

Por el momento Robertito y sus empleados del Consejo Supremo, Consejos electorales Departamentales y Consejos Municipales  y el señor Fiscal Electoral, tienen filosos los colmillos para seguir devorando sin compasión a quienes según ellos alteren el orden impuesto para la realización de elecciones limpias y pura como el régimen.

 Finalmente, el artículo 2 de la constitución política dice. La soberanía nacional reside en el pueblo y la ejerce a través de instrumentos democráticos, decidiendo y participando libremente en la construcción y perfeccionamiento del sistema económico, político y social de la nación. El poder político lo ejerce el pueblo por medio de sus representantes libremente elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto, sin que ninguna otra persona o reunión de personas pueda arrogarse este poder o representación.

Lic. Gilberto Molina Cabezas.

Comisión Social. Coordinadora Civil

BIENVENIDA DEL ENCUENTRO CENTRO AMERICANO DE SOCIEDAD CIVIL

EN EL I DIA DEL FORO CENTRO AMERICANO DE SOCIEDAD CIVIL SOBRE LA EFICACIA AL DESARROLLO.

INICIA ENCUENTRO CENTRO AMERICANO DE ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL SOBRE LA EFICACIA AL DESARROLLO

Luisa Molina Vocera de la Coordinadora Civil dio la bienvenida al encuentro a los representantes de las organizaciones centro americanas “estamos reunidos para dar aportes y validar la metodología del manual de los principios de Estambul elaborado por open fórum y que nos permita a las organizaciones de la región su aplicación exitosa en nuestro trabajo diario”


Con el análisis sobre la eficacia al desarrollo en el contexto Regional dirigido por Carlos Benavente presidente de Latindad, Iván García representante de open fórum por la coordinadora civil y Georgina muñoz del grupo de cooperación de Latindad están dando inicio al encuentro en este primer día de la sesión de trabajo de las organizaciones de la sociedad civil centro americana.




NP-CJAL-20-09-12

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, EN FORO CON EL PNUD NICARAGUA RUMBO A CAIRO + 20.

Mas de 37 organizaciones de la sociedad civil Nicaraguense en sesion de trabajo con el PNUD discutiendo sobre cumbre Cairo +20.

AUMENTO DE ALGUNOS PRODUCTOS EN LA CANASTA BASICA, RECIENTEN A LA POBLACION.

Jovenes Comunicadores de la Red Managua realziaron sondeo ciudadano sobre el aumento de algunos perecederos de la canasta basica durante el lunes 20 de agosto con ustedes las opiniones de la poblacion.

RED MANAGUA EN MESA DE DIALOGO CON IGLESIAS EVANGELICAS.

En el distritol 4 de managua la red managua sostuvo un encuentro con la iglesia evangelica Jeremias 33:3  con el objetivo de abordar  la propuesta tributaria que la coordinadora civil esta inpulsando.

LAS NEGOCIACIONES CON GAS NATURAL Y LAS PERDIDAS DE ENERGIA:

Escrito Por: Adolfo Acevedo Vogl.
Comision Economica Coordinadora Civil.

En mi apreciación, en este caso estamos en presencia de una pugna entre dos grupos de poder, y no estoy seguro que los intereses de cualquiera de ellos tenga que ver con los de la gran mayoría de los nicaragüenses.

 

 Me referiré en primer lugar a las perdidas de energía.

 

 En el INFOGRAMA publicado el día de hoy por La Prensa se dice que: ¨las perdidas no son cubiertas por la actual tarifa¨. Me parece que en este caso debería decirse que ¨las perdidas no son cubiertas EN SU TOTALIDAD por la tarifa¨. En realidad, la mitad de esas perdidas las asumimos ya los consumidores a través de la tarifa: desde hace mucho, la misma transfiere a los usuarios de la energía un 50% de las perdidas.

 

 Tampoco la tarifa tiene porque cubrir el 100% de las perdidas. El cubrir solo el 50% de las perdidas no es arbitrario: el propósito es subsanar aquellas perdidas que no dependen tanto de la acción de la empresa, pero no aquellas que caen bajo su responsabilidad, y que se tienen que reducir a partir del esfuerzo de inversión y fiscalización de la propia empresa.

 

 Si se cubriera el 100% de las perdidas, lo cual seria una aberración, se libraría por completo a la empresa del esfuerzo que tiene que hacer en estos campos para reducir las perdidas: no tendría entonces el mas mínimo incentivo por invertir lo necesario en modernizar la red de distribución y hacer el esfuerzo de fiscalización que requiere la aplicación de la Ley Anti-Fraude.

 

 Por otra parte, según el Estudio elaborado por CONCOL, un 50% de las perdidas correspondía al fraude energético, un 17.5% a mercados y asentamientos, y un 32.5% a perdidas técnicas. Obsérvese que entre mercados y asentamientos y perdidas técnicas abarcan un 50% de las perdidas. Entonces, si asumimos que el 50% de las perdidas cubiertas por la tarifa subsanan las perdidas debidas a asentamientos y mercados y las perdidas técnicas, el otro 50% de las perdidas que resta por subsanar correspondería a las perdidas por fraude.

 

 Al respecto un informe del BID elaborado por M. Dussan y V Blanlot, indicaba que: “ Debe considerarse además que no todo el consumo irregular se debe a conexiones ilegales de usuarios de bajos ingresos; existe también una proporción de conexiones legales cuya medición ha sido crónicamente adulterada, o que por largos períodos no pagaban su cuenta de electricidad.”

 

 Pero debemos recordar que precisamente para hacer frente al fraude, se emitió la denominada Ley Anti-fraude Energético, que proporciona a la transnacional Gas Natural, que monopoliza la distribución de energía en el país, todos los instrumentos legales necesarios, incluidas medidas penales, para combatir el fraude.

 

 Talvez la empresa distribuidora debía informarnos porque, tras tantos años de vigencia de dicha ley, que le proporciona todos los instrumentos necesarios para combatir el fraude, las perdidas debido al fraude continúan sin reducirse.

 

 Esto solo es posible si la empresa no efectúa el esfuerzo de fiscalización que corresponde, bajo la supervisión del INE, para detectar el fraude (cerca de mi casa un negocio que se conecta ilegalmente y en los últimos 15 días ha provocado dos apagones por sobrecarga en la zona donde vivo, y Gas Natural no parece muy interesada).

 

 Recordemos además que las perdidas técnicas representaban según el estudio de Concol el 32.5% de las perdidas, y que esas perdidas se reducen con inversión. Pero incluso las inversiones pueden blindar las redes de distribución para dificultar que la gente se pueda pegar tan fácilmente a las redes.

 

 Al mismo tiempo, CONCOL recomendaba que la empresa distribuidora llevase a cabo un Plan de Inversiones para reducir las pérdidas del 26 por ciento a 12 por ciento, en un plazo de siete años. Desde entonces, ya han pasado mas de tres años, y dicha meta continua muy lejos de cumplirse.

 

 Desde este punto de vista, el aumento de la tarifa para cubrir la totalidad de las perdidas es una opción aberrante, que busca trasladarle la carga total de este problema a los consumidores.

 

 Por otra parte, la opción de que ALBANISA tome el control de la distribución de energía, dejaría a los consumidores a merced de decisiones arbitrarias, determinadas por necesidades de orden financiero o políticas o de cualquier otra índole de este grupo, que podría implementar sin ningún obstáculo debido, no solo al poder de monopolio casi total que ejercería sobre el sector eléctrico como un todo, sino también a partir del control de los distintos poderes públicos y de las asignaciones presupuestarias.

 

 Parece ser que los ciudadanos estemos condenados a que las empresas distribuidoras y el gobierno se reúnan en lo que nuestro amigo del ICEFI Jonathan Menkos denomina ¨obscuros espacios, alejados del escrutinio público¨ y determinen que nosotros debemos subsanar sus perdidas, y subvencionar sus ganancias.

¿Es posible financiar una pensión reducida?

Escrito por: Adolfo Acevedo Vogl.
Comision Economica Coordinadora Civil.

Una pensión básica del orden de US$ 50 al mes (C$ 1,175) para 60,000 adultos mayores que no lograron acumular las 750 cotizaciones necesarias para recibir una pensión significaría una partida de US$ 36 Millones (C$ 846 Millones). ¿Es posible financiar esta partida de manera sana?.

Al 30 de Junio la recaudación fiscal estaba creciendo al 20 por ciento; si finaliza el año creciendo un 18 por ciento, el monto recaudado excedería en US$ 154 Millones (C$ 3,635 Millones) el monto presupuestado de ingresos fiscales. Los US$ 36 Millones representarían apenas el 23.4% de dicha sobre-recaudación.

En un país que ha entrado en que apenas el 15% de los adultos mayores recibe una pensión y donde solo el 20% de la población ocupada esta cubierto por el INSS, y que  además ha entrado un periodo de transito a la fase plena de envejecimiento poblacional, el tema de una política de protección social para los adultos mayores debe revestir una alta prioridad.

Debido a las características del mercado laboral nicaragüense, es preciso comenzar a plantearse la necesidad de un sistema de protección social universal a los adultos mayores que incluya, además del sistema de pensiones basado en la cotización de los afiliados activos, - un aporte complementario financiado mediante impuestos generales

Esto obedece a que nuestro sistema publico de pensiones administrado por el INSS genera beneficios inadecuados o sencillamente nulos para los adultos mayores cuando a) la densidad de cotización de estos fue muy baja y no lograron cumplir con los años requeridos de cotización, b) los ingresos de las personas a lo largo de la vida laboral fueron muy bajos, c) sencillamente, las personas quedaron fuera del sistema de pensiones (como ocurre con la mayor parte de los trabajadores nicaragüenses).

 

En esos casos, los beneficios a recibir del sistema de pensiones del INSS por parte de los trabajadores con un record limitado de contribuciones, o que jamás lograron ser cubiertos por el INSS, deberían complementarse o asegurarse a través de un esquema de pensión básica, financiado a través del presupuesto (aunque puede ser administrado por el INSS), al cual podría optar cualquier adulto mayor que cumpla las características anteriormente mencionadas.

 

A titulo de ilustracion, una pension basica para todos los adultos mayores mayores de 70 que no reciban pension del INSS tendria un costo del orden de US$ 85 Millones (C$ 2,000 Millones), equivalente al 56% de la sobre-recaudacion que podria esperarse.

Esquemas como este ya existen de alguna manera mas de 80 países del mundo, que incluyen algunos de Centro América, y se corresponden con la Iniciativa Piso Social de Protección Social dirigida conjuntamente por la OIT y la OMS y supone la participación oficial de un grupo de organismos colaboradores, entre otros la FAO, el FMI, el ACNUDH, las comisiones regionales de las Naciones Unidas, el ONUSIDA , el DAES, el PNUD, la UNESCO, el UNFPA, el ONU-HABITAT, el ACNUR, el UNICEF , la ONUDD , el OOPS, el PMA, la OMM y el Banco Mundial.

 

Esto implica que la transformación del sistema tributario es un complemento ineludible de un sistema de protección social universal para los adultos mayores. La única justificación legítima para una transformación profunda del sistema tributario es precisamente lograr que el sistema tributario sea capaz de generar los recursos indispensables para asegurar una serie de prestaciones sociales básicas que deben hacerse extensivas a toda la población, entre ellas asegurar que ningún adulto mayor carezca al menos de una protección social básica.

Ello requiere de una estructura tributaria de bases amplias, es decir con muy limitados privilegios fiscales, exenciones y tratamientos especiales, y cuya carga se distribuya conforme al principio de capacidad contributiva, de manera que quienes ganen más aporten relativamente más (lo cual implica que el sistema tributario debe ser progresivo).

El Piso de Protección Social: Asequible incluso en países de ingresos bajos

* La Iniciativa del Piso de Protección Social la dirigen conjuntamente la OIT y la OMS y supone la participación oficial de un grupo de organismos colaboradores, entre otros la FA O, el FMI, el ACNUDH, las comisiones regionales de las Naciones Unidas, el ONUSIDA , el DAE S, el PNUD, la UNESCO, el UNFPA, el ONU-HABITAT, el ACNUR, el UNICEF , la ONUDD , el OOPS, el PMA, la OMM y el Banco Mundial.

El concepto del Piso de Protección Social se basa en principios compartidos de justicia social y en el derecho universal de todas las personas a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado para la salud y bienestar de ellas y sus familias que incluya aspectos tales como la alimentación, el vestido, la vivienda, la atención médica y los servicios sociales necesarios.

Se trata de un enfoque basado en los derechos cuya idea fundamental es que nadie debería vivir por debajo de un determinado nivel de ingresos y que todo el mundo debería al menos poder acceder a servicios sociales básicos con el fin de mejorar sus posibilidades de acceder a un trabajo decente.

El Piso de Protección Social, en la definición de la Junta de Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación (JJE ), es un conjunto integrado de políticas sociales diseñado para garantizar a toda persona la seguridad de los ingresos y el acceso a los servicios sociales esenciales, prestando especial atención a los grupos vulnerables y protegiendo y capacitando a las personas a lo largo del ciclo de vida. El Piso Social prevé garantías en materia de:

* seguridad básica de los ingresos, mediante diversas formas de transferencias sociales (monetarias o en especie), tales como pensiones para las personas de edad o para las personas con discapacidades, prestaciones por hijos a cargo, prestaciones de apoyo a los ingresos y/o garantías y servicios relativos al empleo para las personas desempleadas y los trabajadores pobres;

* acceso universal y asequibilidad a servicios sociales esenciales en los ámbitos de la salud, agua y saneamiento, educación, seguridad alimentaria, vivienda y otras esferas definidas en las prioridades nacionales (JJE , 2009a; OIT y OMS, 2009).

El concepto es coherente con una estrategia bidimensional para extender la seguridad social integrada por un conjunto básico de garantías sociales para todos (la dimensión horizontal) y la implementación gradual de normas más rigurosas (la dimensión vertical), de conformidad con el Convenio de la OIT sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102), entre otras, a medida que los países generen el espacio fiscal y político necesario (OIT, 2009b).

El Piso Social combina el enfoque tradicional basado en el ciclo de vida, caracterizado por programas integrales de desarrollo humano para los niños y sus familias, las personas subempleadas y los trabajadores pobres (incluidos los que padecen alguna discapacidad) y las personas de edad), junto con los últimos desarrollos en el análisis de la pobreza y la vulnerabilidad. Estos últimos tienen en cuenta el empleo precario y la diversidad de estructuras familiares y constituyen la base de la mayor parte de los nuevos programas de protección social introducidos en los países en desarrollo.

El concepto de Piso de Protección Social difiere de forma sustancial de la noción de redes de seguridad social promovida por las instituciones financieras internacionales a finales de los años ochenta y principios de los noventa del siglo pasado en el contexto de los programas de reformas estructurales basados en el mercado.

En las redes de seguridad social, las políticas sociales eran consideradas como un componente residual del desarrollo económico. La aplicación de este tipo de medidas obedecía a la necesidad de prestar asistencia a las personas pobres y vulnerables durante las reformas estructurales para mitigar los efectos de los ajustes estructurales y facilitar el respaldo político a los mismos. Estas medidas solían ser de carácter temporal y fragmentario y estar destinadas específicamente a las personas pobres y vulnerables dentro de un marco basado en las necesidades.

Durante el decenio 2000-2010, muchos países cuestionaron este enfoque. Existe una mayor concienciación sobre la conveniencia de pasar de un enfoque de la protección social basado en las necesidades a uno basado en los derechos que garantizaba los derechos sociales básicos como condición previa de la ciudadanía.

El Piso representa por sí mismo una herramienta importante para luchar contra la pobreza y la desigualdad. Para que pueda desempeñar su función al máximo, no puede operar de forma aislada. Por el contrario, la probabilidad de que las propiedades reductoras de la pobreza del Piso surtan efecto será mayor si viene acompañada de otras estrategias que refuercen a las instituciones laborales y sociales y promuevan entornos macroeconómicos favorables al empleo, los sistemas fiscales progresivos y el trabajo.

Los países desarrollados ya reconocen debidamente la eficacia de las medidas propias del Piso de Protección Social para reducir la pobreza, contener la desigualdad y sostener un crecimiento económico equitativo (IIEL , 2008).

En los países de la OCDE se estima que los niveles de pobreza y desigualdad son aproximadamente la mitad de los que cabría esperar en ausencia de este tipo de disposiciones sociales. Dicho esto, la reducción de la pobreza en estos países es el resultado de combinar las medidas propias del Piso de Protección Social con formas más integrales de seguridad social en el marco de los sistemas de protección social. Esto refuerza la necesidad de los países en los cuales ya se han adoptado las medidas propias de un Piso consolidado de dar el siguiente paso y desarrollar la dimensión vertical de la ampliación de la protección social.

La seguridad social, tanto en su dimensión horizontal (el Piso de Protección Social) como en su dimensión vertical, de nivel superior, también desempeña un papel importante en la contención de la desigualdad y la promoción de un crecimiento equitativo. Los datos señalan que en los países con un elevado gasto social la desigualdad de ingresos es muy inferior a la de los países con un gasto social inferior (medido por coeficientes de Gini que oscilan entre el 0,225 y 0,261 en el primer caso, en comparación con cifras superiores al 0,3 en el segundo) (Cantillon, 2009).

Cuando se valoran estas cifras es preciso tener en cuenta los efectos agregados de la fiscalidad y del sistema de transferencias sociales en su conjunto en la reducción de la pobreza. El hecho de que un país tenga una fiscalidad progresiva o regresiva tiene una gran influencia sobre los efectos redistributivos de la protección social. Es razonable pensar que con un régimen tributario regresivo los pobres podrían terminar pagando más en concepto de impuestos de lo que reciben bajo la forma de apoyo a los ingresos. Un escenario de este tipo resultaría de poca utilidad para reducir la desigualdad de ingresos y la pobreza.

El desarrollo de sistemas de protección social, incluido el Piso de Protección Social, implica una amplia gama de necesidades de recursos, especialmente en los países más pobres.

Desde una perspectiva macroeconómica, la primera cuestión crítica que hay que dilucidar es si existe suficiente espacio fiscal o si puede generarse, en competencia con otros objetivos nacionales, para satisfacer las necesidades financieras permanentes de un paquete de Piso. La segunda cuestión crítica es la sostenibilidad fiscal a largo plazo. La respuesta depende no sólo de las fuentes de financiación disponibles (internas y externas), sino también, y de forma importante, del grado de voluntad política y compromiso con el objetivo de proporcionar una protección social adecuada y eficaz. Igualmente importante es el grado de eficiencia con que pueda aplicarse y administrarse el sistema, así como garantizar el apoyo público mediante un consenso social en torno a la conveniencia y el valor añadido de estos sistemas. La ampliación del espacio fiscal debería basarse en una fiscalidad progresiva.

Los estudios llevados a cabo, en concreto los de la OIT en colaboración con el FMI, el ONU-DAE S, el UNICEF y la CEPAL , así como HelpAge International, ofrecen valiosas opiniones que, contrariamente a lo que dicta la «ortodoxia», señalan que el costo de medidas específicas de seguridad social a un nivel básico, del tipo de las comprendidas en el Piso, puede mantenerse en un porcentaje relativamente modesto del ingreso nacional, incluso en los países de ingresos bajos.

Diversos estudios sostienen que un paquete básico de protección social que extienda la seguridad de los ingresos y amplíe los servicios de salud esenciales es asequible incluso en los países más pobres.

Tomado de: Piso de Protección Social para una globalización equitativa e inclusiva. Informe del Grupo consultivo presidido por Michelle Bachelet