El Estado recauda de la
sociedad una importante masa de recursos de orden tributario, que son
la principal fuente de sus ingresos, y podemos preguntarnos cual es la
justificación general que existe para que todos tengamos la
responsabilidad colectiva de contribuir a financiarlo .
La
responsabilidad de contribuir al financiamiento del gasto público
mediante un sistema tributario de bases amplias, donde todos los que
tengamos capacidad de contribuir lo hagamos sin excepción, se deriva de
la necesidad de cubrir entre todos el coste de aquellas actividades
emprendidas en beneficio de todos y de las que, en principio, nadie se
beneficia particular. Es decir, porque solo de esta manera pueden
desarrollarse las actividades del Estado destinadas a la provisión de
bienes y servicios públicos.
En cualquier sociedad es necesario
que existan, además de los bienes y servicios de carácter mercantil,
que son suministrados por las empresas privadas, bienes y servicios públicos, que son suministrados o provistos por el Estado. Existen diversas razones por las cuales el Estado debe proveer estos bienes y servicios.
¿Cuales
son los bienes y servicios fundamentales que deben ser provistos por
el Estado y cuyo costo representa el contenido material del gasto
público?
En primer lugar, existen bienes y servicios que
benefician o sirven a todos los miembros de la sociedad en general, sin
que se pueda excluir a nadie de su uso, los cuales no se pueden
ofrecer a la venta por parte de entidades privadas.
La
existencia de un Estado moderno no se concibe sin la existencia de este
tipo de bienes públicos. El ejemplo más importante es la defensa
nacional, y en principio, también la legislación y la administración de
justicia, así como las regulaciones que establece el Estado
persiguiendo el bien público – por ejemplo las regulaciones con fines
sanitarios o ambientales.
En segundo lugar, la sociedad y la
economía demandan, para su desarrollo y bienestar, de una serie de
obras de infraestructura – carreteras y caminos, puentes, puertos y
aeropuertos, infraestructura de salud y escolar, viviendas, agua
potable y energía eléctrica – cuyos beneficios con frecuencia se
extienden a gran parte o a toda la sociedad.
Algunas veces estas
obras se llevan a cabo por parte de negocios privados, cuando se puede
identificar exactamente a los beneficiarios y cobrarles un precio que
haga rentable la inversión. Pero cuando estas obras tienen beneficios
sociales muy amplios o no es rentable para los negocios privados
financiar estas obras y operarlas, o por otras razones de beneficio
publico, el Estado tiene que asumir la responsabilidad.
En tercer lugar, el surgimiento del Estado Social y Democrático de Derecho significa que Estado ha pasado a asumir la responsabilidad, no solo de respetar, garantizar y proteger los derechos civiles y políticos establecidos en la Constitución[1]/, sino también de asegurar que los derechos económicos y sociales descritos en las normas constitucionales sean realmente accesibles y disfrutables para todos los ciudadanos.
En particular, esto representa la necesidad de que el Estado provea o suministre una serie de prestaciones sociales básicas de calidad, que deben hacerse extensivas a toda la población sobre la base del principio de ciudadanía (son prestaciones a los cuales tienen derecho todos los ciudadanos y ciudadanas en su calidad de tales).
Estos
bienes y servicios pueden denominarse ¨bienes de valor social¨ y son
aquellos bienes y servicios que la sociedad considera que deben recibir
todos sus miembros en tanto ciudadanos.
Es importante aclarar
que no se trata de ¨programas sociales para los pobres¨, sino de un
conjunto básico de servicios de la mayor calidad posible, que deben
asegurarse a toda la población, independientemente del nivel de ingreso
que tengan las personas o de cualquier otra consideración.
Se trataría, ante todo, de los siguientes derechos sociales básicos:
ü Acceso a una educación de calidad para todos los niños y adolescentes y jóvenes.
ü Acceso a una atención en salud de calidad para todos y todas las personas.
ü Acceso a agua potable y saneamiento y a la infraestructura básica de calidad para todos
ü Acceso a una pensión básica para todos los adultos mayores, aun cuando no hayan contribuido al seguro social.
Esta
no es una lista exhaustiva, ni mucho menos. Cada sociedad debe
determinar, según su propia realidad, nivel de desarrollo y
preferencias, debe definir a través de procesos democráticos y
participativos, de construccion de consensos, cuales serán estas
prestaciones.
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