LA SENTENCIA DE LA HAYA.

Escrito por: Alejandro Calero.
Miembro de la Red Managua de la Coordinadora Civil.
publicado en el diario la Prensa el jueves 26 de Julio.

Como ya es costumbre en Colombia, cada vez que un nuevo presidente asume el poder realiza un tour por San Andrés para gritar que esas islas son colombianas y que las defenderán, entiéndase de Nicaragua. En realidad el único propósito de esa visita es tratar de ganar popularidad entre el pueblo colombiano, así como despertar un nacionalismo antinicaragüense. Pero ningún presidente ha logrado convencer a su propio pueblo de la pretendida soberanía que quieren ejercer. Colombia, que internamente practica la democracia realizando elecciones libres, en política exterior actúa igual que cualquier tiranía, pues si en realidad el derecho le asistiera en relación al archipiélago de San Andrés y de los Cayos, no tendría por qué utilizar su fuerza naval en el meridiano 82 para protegerse de la “peligrosa” Nicaragua. Esta ocupación militar de las aguas nicaragüenses incumple la Sentencia del Tribunal Internacional de La Haya del año 2007.

Pero este grito del presidente Santos no se debe considerar como igual que el de sus antecesores. Ahora que se acerca la sentencia final de este largo proceso, en que ellos mismos están seguros que les será adverso, el presidente Santos quiere en realidad curarse en salud para que no digan que no fue a gritar a San Andrés, pues ahora el Tribunal se basa para este fallo en el Derecho del mar del cual ambos países son suscriptores.

Con esta sentencia lograremos la soberanía de los cayos porque no son parte del archipiélago de San Andrés y también porque son formaciones adyacentes a las costas nicaragüenses, así como el enclave (territorio incluido en otro con diferentes características políticas, administrativas, geográficas, etc. DRAE), en las islas de San Andrés y Providencia.

Si Colombia trata de incumplir el fallo definitivo, como parece ser el mensaje que quiere enviar Santos, Nicaragua tendrá que recurrir a los organismos internacionales para hacer valer sus derechos. Colombia solo contaría con el respaldo de Gran Bretaña, por ser la otra potencia que ocupa territorio alejado de sus costas a miles de kilómetros de distancia, en este caso las islas Malvinas. En los reclamos de Argentina, Colombia siempre le ha negado su apoyo porque está consciente que apoyar esa justa causa sería reconocer que hace lo mismo con Nicaragua.

No solo Colombia pierde, también Costa Rica, pero pierde su desprestigiada moral que ya de por cierto está por el suelo y cuyo único propósito al haberse aliado con Colombia en una aventura mercantilista era causar daño a Nicaragua sin importarle que somos países vecinos, que nos unen muchas razones de peso, solo con el objetivo de que Colombia lo apoyara en su lucha por robarnos el río San Juan.

No creo que las relaciones entre Nicaragua y Colombia mejoren, al contrario deben empeorar porque Colombia no se tragará de buena manera ese trago salado de agua de mar nicaragüense que le hará beber el Tribunal Internacional de La haya. Lo que creo es que los juristas debieran estar preparando la nueva demanda contra Colombia para resarcir el daño económico que nos han causado por esta ocupación militar.

SESION DE TRABAJO DE LA COMISION ECONOMICA CONTINUANDO HACIENDO EL ANALISIS DE PRESUPUESTO MUNICIPAL

La Mañana de Hoy 23 de Julio la Comision economica de la Coordinadora Civil se reunio con las redes territoriales donde continuaron haciedo el analisis del presupuesto municipal, Financiado por KEPA.

en esta actividad participaron las redes territoriales donde tiene presencia la Coodinadora Civil y ejecuta el proyecto.

momentos de la sesion de trabajo hoy 23 de julio por la mañana.

Nuestra propuesta es sencilla: que nuestro sistema tributario se ajuste a los principios de justicia y equidad tributaria.

Escrito por: Adolfo Acevedo Vogl.

La transformacion del sistema tributario no es un fin en si. La única justificación legitima para esta transformacion es lograr que el sistema tributario sea capaz de generar los recursos indispensables y sostenibles en el tiempo, para asegurar una serie de prestaciones sociales básicas de calidad homogenea que deben hacerse extensivas a toda la población. Para ello se requiere una estructura tributaria de bases amplias, es decir con muy limitados privilegios fiscales y tratamientos especiales, y cuya carga se distribuya conforme al principio de capacidad contributiva, de manera que quienes ganen mas aporten proporcionalmente mas.

El acceso lo mas universal posible a servicios de educación y salud y a infraestructura básica de calidad, a una proteccion social basica para los adultos mayores y grupos vulnerables, y a otros servicios públicos y sociales, se constituye no solo en un pre-requisito y un elemento fundamental del proceso de desarrollo con equidad, sino que, en nuestro caso,  constituye además en requisito básico y una condición fundamental para aprovechar, al máximo posible, el limitado tiempo que resta del bono demográfico.

En síntesis, la necesidad de una transformación del sistema tributario obedece, en primer lugar, al hecho que se requiere un volumen mucho mayor de recursos para implementar políticas públicas que promuevan el desarrollo con equidad, y que hagan posible aprovechar de la mejor manera el tiempo que resta del bono demográfico.

Por otra parte, para que el Estado cuente con el financiamiento necesario para sostener niveles adecuados de gasto social y para que se logren los efectos distributivos esperados, es fundamental que la estructura de financiamiento de este gasto descanse con mayor fortaleza relativa sobre los estratos de mayores ingresos de la sociedad, en lugar de que lo haga sobre los estratos medios y bajos.

Para lograr sus objetivos, la transformación del sistema tributario, para adecuarlo a las necesidades de una recuperación y desarrollo con equidad, debería basarse en algunos principios fundamentales.

a) El principio de generalidad de los tributos, el cual significa que el esfuerzo tributario debe ser una responsabilidad compartida por todas y todos los contribuyentes por parejo. Para poder obtener los recursos suficientes para financiar la ampliación requerida del gasto de inversión en capital humano, infraestructura básica y protección social será preciso expandir al máximo la base gravable del sistema ributario. Esto significa que, en principio, todos los residentes del país que estén en capacidad económica de hacerlo, tienen la responsabilidad de contribuir al financiamiento de los bienes y servicios publicos y sociales que presta el Estado, evitando al maximo privilegios fiscales y tratamientos tributarios especiales (exenciones y exoneraciones) y reduciendo al minimo los existentes. También los no residentes que obtengan rentas del país tienen la obligación de contribuir.

Los regímenes tributarios especiales bajo la forma de exenciones y exoneraciones para determinados sectores de la economía no solo violentan el principio de generalidad, sino que conllevan una perdida de recaudación que en el caso de Nicaragua fue estimada en alrededor de US$ 500 Millones en 2010, equivalentes al 41% de la recaudación tributaria obtenida ese año. Cabe destacar que esta perdida de recaudación, valorada como porcentaje del PIB, es la mas alta de América Latina. Cabe recalcar también que estos regímenes facilitan todo tipo de operaciones de evasión y elusión por parte de empresas relacionadas.

Pero un sistema tan extenso de exenciones, exoneraciones y tratamientos especiales como el que existe en Nicaragua tiene implicaciones todavía mayores. Para compensar la  pérdida de recaudación ocasionada por estos regímenes, la carga tributaria tiene que recaer con mayor fuerza sobre el resto de sectores y agentes económicos que no gozan de esos privilegios. Los regímenes tributarios preferenciales (exenciones y exoneraciones) equivalen a un enorme subsidio en favor de los sectores beneficiarios, el cual en último análisis es financiado mediante la mayor presión impositiva que deben soportar el resto de sectores y agentes (bajo la forma de mayores tasas impositivas que las que hubiesen prevalecido en ausencia de esos regímenes).

b) El principio de equidad vertical, el cual significa que las personas con mayor capacidad contributiva deben hacer un aporte relativo mayor que las personas de menores recursos. Esto implicaría entre otras cosas transitar hacia un sistema de renta global, revisando  el tratamiento preferencial que reciben las rentas pasivas del capital, las cuales se encuentran altamente concentradas en los estratos de mayores ingresos de la población, y que hacen que la carga relativa del impuesto sobre la renta (IR) recaiga con mayor fuerza sobre los asalariados. Implicaria tambien transitar a un sistema de renta mundial, lo cual no solo ampliaría la base gravable del sistema tributario, sino que significaría que se gravaria a los contribuyentes residentes (en especial los contribuyentes de  mayor ingreso relativo) por la totalidad de su capacidad contributiva, no solo por una pare de esta.

c) El principio de equidad horizontal, el cual significa que las personas con una capacidad económica similar deben ser tratadas de manera similar por el sistema tributario: se considera injusto que, si dos personas tienen la misma capacidad contributiva, tributen de manera diferente (uno más que el otro, o uno menos que el otro) o que uno sea gravado, y el otro quede exonerado o exento.

¿PARA QUE SIRVE EL GASTO PÚBLICO Y PORQUE DEBEMOS CONTRIBUIR A FINANCIARLO ENTRE TODOS?:

Por: Adolfo Acevedo Vogl.

El Estado recauda de la sociedad una importante masa de recursos de orden tributario, que son la principal fuente de sus ingresos, y podemos preguntarnos cual es la justificación general que existe para que todos tengamos la responsabilidad colectiva de contribuir a financiarlo .

La responsabilidad de contribuir al financiamiento del gasto público mediante un sistema tributario de bases amplias, donde todos los que tengamos capacidad de contribuir lo hagamos sin excepción, se deriva de la necesidad de cubrir entre todos el coste de aquellas actividades emprendidas en beneficio de todos y de las que, en principio, nadie se beneficia particular. Es decir, porque solo de esta manera pueden desarrollarse las actividades del Estado destinadas a la provisión de bienes y servicios públicos.

En cualquier sociedad es necesario que existan, además de los bienes y servicios de carácter mercantil, que son suministrados por las empresas privadas, bienes y servicios públicos, que son suministrados o provistos por el Estado. Existen diversas razones por las cuales el Estado debe proveer estos bienes y servicios.

¿Cuales son los bienes y servicios fundamentales que deben ser provistos por el Estado y cuyo costo representa el contenido material del gasto público?

En primer lugar, existen bienes y servicios que benefician o sirven a todos los miembros de la sociedad en general, sin que se pueda excluir a nadie de su uso, los cuales no se pueden ofrecer a la venta por parte de entidades privadas.

La existencia de un Estado moderno no se concibe sin la existencia de este tipo de bienes públicos. El ejemplo más importante es la defensa nacional, y en principio, también la legislación y la administración de justicia, así como las regulaciones que establece el Estado persiguiendo el bien público – por ejemplo las regulaciones con fines sanitarios o ambientales.

En segundo lugar,  la sociedad y la economía demandan, para su desarrollo y  bienestar, de una serie de obras de infraestructura – carreteras y caminos, puentes, puertos y aeropuertos, infraestructura de salud y escolar, viviendas, agua potable y energía eléctrica – cuyos beneficios con frecuencia se extienden a gran parte o a toda la sociedad.

Algunas veces estas obras se llevan a cabo por parte de negocios privados, cuando se puede identificar exactamente a los beneficiarios y cobrarles un precio que haga rentable la inversión. Pero cuando estas obras tienen beneficios sociales muy amplios o no es rentable para los negocios privados financiar estas obras y operarlas, o por otras razones de beneficio publico, el Estado tiene que asumir la responsabilidad.

En tercer lugar, el surgimiento del Estado Social y Democrático de Derecho significa que Estado ha pasado a asumir la responsabilidad, no solo de respetar, garantizar y proteger los derechos civiles y políticos establecidos en la Constitución[1]/, sino también de asegurar que los derechos económicos y sociales descritos en las normas constitucionales sean realmente accesibles y disfrutables para todos los ciudadanos.

En particular, esto representa la necesidad de que el Estado provea o suministre una serie de prestaciones sociales básicas de calidad, que deben hacerse extensivas a toda la población sobre la base del principio de ciudadanía (son prestaciones a los cuales tienen derecho todos los ciudadanos y ciudadanas en su calidad de tales).

Estos bienes y servicios pueden denominarse  ¨bienes de valor social¨ y son aquellos bienes y servicios que la sociedad considera que deben recibir todos sus miembros en tanto ciudadanos.

Es importante aclarar que no se trata de ¨programas sociales para los pobres¨, sino de un conjunto básico de servicios de la mayor calidad posible, que deben asegurarse a toda la población, independientemente del nivel de ingreso que tengan las personas o de cualquier otra consideración.

Se trataría, ante todo, de los siguientes derechos sociales básicos:

ü Acceso a una educación de calidad para todos los niños y adolescentes y jóvenes.

ü Acceso a una atención en salud de calidad para todos y todas las personas.

ü Acceso a agua potable y saneamiento y a la infraestructura básica de calidad para todos

ü Acceso a una pensión básica para todos los adultos mayores, aun cuando no hayan contribuido al seguro social.

Esta no es una lista exhaustiva, ni mucho menos. Cada sociedad debe determinar, según su propia realidad, nivel de desarrollo y preferencias,  debe definir a través de procesos democráticos y participativos, de construccion de consensos, cuales serán estas prestaciones.

COORDINADORA CIVIL, EVALUA TRABAJO DE LOS TERRITORIOS.

En sesión de Trabajo de la Comisión Coordinadora Nacional de la Coordinadora Civil , realizada el pasado 22 de junio se evaluó el proceso que en la actualidad se esta desarrollando por las redes en los territorios.

 

En el departamento de Nueva Segovia la red territorial actualmente se encuentra en proceso de fortalecimiento contamos con presencia en 5 municipios del departamento y estamos trabajando con Jóvenes indígenas, 4 cooperativas de campesinos, con el instituto de liderazgo “las segovias” y actualmente organizamos las redes municipales en santa maría, Mozonte, ciudad antigua, Dipilto y macuelizo expreso  Miguel Gómez enlace departamental de la Red territorial.

Mientras tanto en el departamento de Managua actualmente se trabaja un plan de fortalecimiento y de organización que va desde organizar grupos de trabajo con los jóvenes universitarios hasta organizar grupos de trabajo en los distritos y barrios de la capital expreso Luisa Molina Coordinadora de la Red territorial de la ciudad capital.

 

Para este mes de el 17 y 24 de  julio la red Managua de la coordinadora civil estará realizando mesas de dialogo con Jóvenes,   y con pobladores del distrito 5 de Managua municipio. La mesa de dialogo con jóvenes se realizara con jóvenes organizados en la Universidad Politécnica de Nicaragua, Universidad Autónoma de Nicaragua –Managua y con jóvenes organizados en Organizaciones de la Sociedad Civil, expreso Molina en la Reunión  de la Red Managua.

NUESTRA SOLIDARIDAD COMO RED MANAGUA DE LA COORDINADORA CIVIL CON LA RED DE MUJERES DE MATAGALPA.

 

 COMO RED MANAGUA DE LA COORDINADORA CIVIL, NUESTRA SOLIDARIDAD A LA RED DE MUJERES DE MATAGALPA.

LAS PERSPECTIVAS DEL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL

Escrito Por: Adolfo Acevedo Vogl.

 Según las proyecciones demográficas oficiales del INIDE, las de CELADE de la CEPAL, y de la Division de Población de Naciones Unidas, en 2035, dentro de 23 años, el 13.5% de la población nicaaguense, casi un millon de personas, tendrá mas de 60 años, y el país estará entrando en la fase plena o avanzada de envejecimiento de la población.

Es importante anotar que este proceso de envejecimiento, que en los países europeos tuvo una duración de aproximadamente un siglo, en el caso de América Latina está teniendo una duración de solo unos 30 años, es decir se está produciendo a un ritmo tres veces más rápido.

Dentro de 23 años la población entonces ya no será predominantemente joven. Habrán muchos menos niños, en términos absolutos y relativos. La población en edad activa continuara aumentando hasta 2035, cuando alcanzara su punto culminante como porcentaje de la población total, y luego comenzara a declinar – porque el decrecimiento de la población infantil habrá cesado de alimentar sus tasas de crecimiento y porque las diferentes cohortes de esta población irán alcanzando por oleadas la edad de retiro -.
En 30 años mas, los que hoy tienen 20, tendrán ya 50, los que tienen 30, tendrán 60, y los que tienen 35 habran arribado ya a los 65. Los que hoy tienen 40 habrán alcanzado los 70.

Al mismo tiempo, si no se hace un esfuerzo monumental AHORA para cambiar las tendencias descritas, la mayor parte de las personas en edad de trabajar lo seguirá haciendo en empleos precarios e informales.

El cuadro será diametralmente opuesto al que prevalece ahora. Existirá un porcentaje cada vez mas alto y rápidamente creciente de adultos mayores, los cuales deberán ser atendidos en sus necesidades de sobrevivencia y cuidado de salud,
y un porcentaje decreciente de la población en edad de trabajar.

Dada la bajísima cobertura del seguro social, esto supone que aquellos que todavía estén en edad de trabajar y se hayan incorporado a la población económicamente activa, cuyo numero habra comenzado a reducirse, tendrán que apoyar, directa o indirectamente, la sobrevivencia y la atención en salud de una creciente población mayor de 60 años.


Al mismo tiempo, como resultado del hecho de que el número de adultos mayores crecerá más rápido que la Población Económicamente Activa, habrá cada vez menos personas económicamente activas para sostener a cada adulto mayor, lo cual se vera agravado por el tipo de empleos que seguramente  continuara predominando..

En efecto, la población económicamente activa, la cual habrá comenzado a declinar como en relación al número de personas en edades no activas, en ausencia de modificaciones en el actual patrón de crecimiento económico, con toda probabilidad va a continuar laborando, en un elevado porcentaje, en empleos precarios e informales, de bajísima productividad.

Esto significa que una gran parte de la fuerza de trabajo va a continuar trabajando en empleos que les proveerán ingresos laborales extremadamente exiguos, los que deberán utilizarse para sustentar a un número en ascenso de adultos mayores, además de a los económicamente inactivos y a los desempleados, de manera que la tasa de pobreza podría volver a aumentar.

En este caso, el “bono demográfico” se habrá agotado, es decir ya el porcentaje de personas en edad activa no seguirá creciendo en comparación a las personas dependientes, sino que el proceso comenzará a funcionar de manera contraria: el número de dependientes (principalmente los adultos mayores) crecerán cada vez más respecto del número de personas en edad activa.

Esto provocaría una disminución progresiva de los ingresos laborales por persona dependiente, o lo que es lo mismo una disminución del ingreso per cápita de los hogares, debido al aumento de la relación de dependencia, y el período de “bono demográfico” daría paso a un período de acentuada “desventaja demográfica”.

Dado que la población infantil será un porcentaje cada vez más más reducido de la población total, ya no existirá la masa crítica de niños y adolescentes en los cuales invertir para poder modificar estas tendencias a futuro.

El momento de invertir en los niños y adolescentes, modificar el actual modelo de crecimiento y cambiar las perspectivas del futuro es ahora; después podría ser demasiado tarde.

Si no se aprovecha la oportunidad potencial representada por el bono demográfico, al arribar el momento en que inicie con toda su fuerza el proceso de envejecimiento de la población, ya no habrá retroceso. Nicaragua tiene, por lo tanto, una ventana de oportunidad de entre tres o cuatro décadas, cuando mucho, para poder llevar a cabo las inversiones y las transformaciones que se requieran para aprovechar al máximo posible el bono demográfico.

El desafío que se enfrenta no se da en un vacío. Es preciso buscar respuestas que concilien tres grandes transformaciones de las que la política pública debe hacerse cargo: aquellas que responden a inercias demográficas, como el envejecimiento de la población y la baja de la natalidad; aquellas que dependen del desempeño de los agentes económicos y de políticas de coordinación y habilitación, como la promoción de cambios en el estilo de crecimiento y las mejoras en la productividad, y aquellas de economía política que se refieren al papel y tamaño del Estado.

DISMINUCION DEL PORCENTAJE DE PERSONAS BAJO LA LINEA DE POBREZA Y AUMENTO DEL NUMERO ABSOLUTO DE POBRES. ¿QUE SIGNIFICA?

Escrito por: Adolfo Acevedo Vogl.

Según la Encuesta de Hogares de FIDEG, aunque el numero de pobres se habría reducido como porcentaje de la población total desde un 44.7% en 2009 a 44.1% en 2011, para una disminución de 0.6 puntos porcentuales , en términos absolutos el numero de pobres habría aumentado desde 2,566.8 miles de personas en 2009 (equivalentes al 44.7% de la población total en 2009) a 2,597 miles en 2011 (equivalentes al 44.1% de la población de ese año), para un incremento absoluto de 30.2 miles en el numero de pobres.

La línea de pobreza de FIDEG se estimo como el costo anual de satisfacer los requerimientos calóricos diarios mínimos de una persona y además el costo anual de cubrir otras necesidades esenciales como: vivienda, transporte, educación, salud, vestuario y algunos bienes de uso cotidiano en el hogar.

El costo promedio diario de esa canasta (no confundir con la canasta básica) para el año 2011 se calculo en un promedio de US$ 2 al día. Lo anterior significa que en Nicaragua, en 2011, 2 millones 597 mil personas, equivalentes al 44.1% de la población, sobrevivían con un gasto de consumo percapita promedio inferior al costo de dicha canasta, es decir, con menos de US$ 2 dólares al día.

Ahora bien, vale la pena remarcar que el aumento del consumo percapita promedio diario de una persona en 1 centavo de dólar diario por encima de la línea de US$ 2 al dia significa que esa persona automáticamente paso de ser catalogada de pobre, a no pobre.

Cabe anotar también que el uso de diferentes criterios para definir la línea de pobreza dará lugar a diferentes mediciones de la pobreza: así, según la metodología de la CEPAL, el porcentaje de pobres en Nicaragua es mucho mayor que el estimado mediante la metodología utilizada por FIDEG e INIDE.

Resulta interesante interrogarse porque aumento el numero total de pobres. Llama la atención que, según la Encuesta Continua del INIDE, entre 2009 y 2011 se produjo un gran incremento en la Población Económicamente Activa, lo cual implica que decenas de miles de personas se incorporaron al mercado de trabajo, y encontraron empleo.

En promedio, el numero de personas que dentro de los hogares trabajan se incremento de manera fuerte, aunque predominantemente bajo la forma un fuerte incremento en el numero de subempleados, y en términos del tipo de empleo, bajo la forma de un gran incremento en el numero de cuentapropistas y trabajadores familiares sin remuneración.

Esto significa que, en términos absolutos, el ingreso y el consumo percapita de los hogares debió haber aumentado en un numero determinado de centavos de dólar al día como para reducir la pobreza así medida en términos absolutos. ESto se debe a que al haber mas personas trabajando en el seno del hogar, en principio habría mas personas devengando ingresos que antes dentro de los hogares, aunque estas personas encontrasen ocupación  en empleos precarios e informales. Por esta sola razón debio haberse producido un aumento del ingreso (y el consumo) global y percapita de los hogares en un numero determinado de centavos de dólar por día.

El hecho de que según FIDEG esto no ocurriera, puede deberse a i) que el costo de la canasta utilizada para definir la línea de pobreza se incremento entre 2009 y 2011 mas que el incremento en el gasto de consumo percapita de los hogares, o a que ii) el aumento tan fuerte de los trabajadores familiares sin remuneración en el seno de los trabajadores ocupados hizo que el aumento total de estos no se tradujese necesariamente en un aumento proporcional del ingreso de los hogares y iii) una combinación de los anteriores.

Nuestra propuesta es sencilla: que nuestro sistema tributario se ajuste a los principios de justicia y equidad tributaria.

Escrito por: Adolfo Acevedo Vogl.

La transformacion del sistema tributario no es un fin en si. La única justificación legitima para esta transformacion es lograr que el sistema tributario sea capaz de generar los recursos indispensables y sostenibles en el tiempo, para asegurar una serie de prestaciones sociales básicas de calidad homogenea que deben hacerse extensivas a toda la población. Para ello se requiere una estructura tributaria de bases amplias, es decir con muy limitados privilegios fiscales y tratamientos especiales, y cuya carga se distribuya conforme al principio de capacidad contributiva, de manera que quienes ganen mas aporten proporcionalmente mas.

El acceso lo mas universal posible a servicios de educación y salud y a infraestructura básica de calidad, a una proteccion social basica para los adultos mayores y grupos vulnerables, y a otros servicios públicos y sociales, se constituye no solo en un pre-requisito y un elemento fundamental del proceso de desarrollo con equidad, sino que, en nuestro caso,  constituye además en requisito básico y una condición fundamental para aprovechar, al máximo posible, el limitado tiempo que resta del bono demográfico.

En síntesis, la necesidad de una transformación del sistema tributario obedece, en primer lugar, al hecho que se requiere un volumen mucho mayor de recursos para implementar políticas públicas que promuevan el desarrollo con equidad, y que hagan posible aprovechar de la mejor manera el tiempo que resta del bono demográfico.

Por otra parte, para que el Estado cuente con el financiamiento necesario para sostener niveles adecuados de gasto social y para que se logren los efectos distributivos esperados, es fundamental que la estructura de financiamiento de este gasto descanse con mayor fortaleza relativa sobre los estratos de mayores ingresos de la sociedad, en lugar de que lo haga sobre los estratos medios y bajos.

Para lograr sus objetivos, la transformación del sistema tributario, para adecuarlo a las necesidades de una recuperación y desarrollo con equidad, debería basarse en algunos principios fundamentales.

a) El principio de generalidad de los tributos, el cual significa que el esfuerzo tributario debe ser una responsabilidad compartida por todas y todos los contribuyentes por parejo. Para poder obtener los recursos suficientes para financiar la ampliación requerida del gasto de inversión en capital humano, infraestructura básica y protección social será preciso expandir al máximo la base gravable del sistema ributario. Esto significa que, en principio, todos los residentes del país que estén en capacidad económica de hacerlo, tienen la responsabilidad de contribuir al financiamiento de los bienes y servicios publicos y sociales que presta el Estado, evitando al maximo privilegios fiscales y tratamientos tributarios especiales (exenciones y exoneraciones) y reduciendo al minimo los existentes. También los no residentes que obtengan rentas del país tienen la obligación de contribuir.

Los regímenes tributarios especiales bajo la forma de exenciones y exoneraciones para determinados sectores de la economía no solo violentan el principio de generalidad, sino que conllevan una perdida de recaudación que en el caso de Nicaragua fue estimada en alrededor de US$ 500 Millones en 2010, equivalentes al 41% de la recaudación tributaria obtenida ese año. Cabe destacar que esta perdida de recaudación, valorada como porcentaje del PIB, es la mas alta de América Latina. Cabe recalcar también que estos regímenes facilitan todo tipo de operaciones de evasión y elusión por parte de empresas relacionadas.

Pero un sistema tan extenso de exenciones, exoneraciones y tratamientos especiales como el que existe en Nicaragua tiene implicaciones todavía mayores. Para compensar la  pérdida de recaudación ocasionada por estos regímenes, la carga tributaria tiene que recaer con mayor fuerza sobre el resto de sectores y agentes económicos que no gozan de esos privilegios. Los regímenes tributarios preferenciales (exenciones y exoneraciones) equivalen a un enorme subsidio en favor de los sectores beneficiarios, el cual en último análisis es financiado mediante la mayor presión impositiva que deben soportar el resto de sectores y agentes (bajo la forma de mayores tasas impositivas que las que hubiesen prevalecido en ausencia de esos regímenes).

b) El principio de equidad vertical, el cual significa que las personas con mayor capacidad contributiva deben hacer un aporte relativo mayor que las personas de menores recursos. Esto implicaría entre otras cosas transitar hacia un sistema de renta global, revisando  el tratamiento preferencial que reciben las rentas pasivas del capital, las cuales se encuentran altamente concentradas en los estratos de mayores ingresos de la población, y que hacen que la carga relativa del impuesto sobre la renta (IR) recaiga con mayor fuerza sobre los asalariados. Implicaria tambien transitar a un sistema de renta mundial, lo cual no solo ampliaría la base gravable del sistema tributario, sino que significaría que se gravaria a los contribuyentes residentes (en especial los contribuyentes de  mayor ingreso relativo) por la totalidad de su capacidad contributiva, no solo por una pare de esta.

c) El principio de equidad horizontal, el cual significa que las personas con una capacidad económica similar deben ser tratadas de manera similar por el sistema tributario: se considera injusto que, si dos personas tienen la misma capacidad contributiva, tributen de manera diferente (uno más que el otro, o uno menos que el otro) o que uno sea gravado, y el otro quede exonerado o exento.

AGRESION CONTRA DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS EN NICARAGUA