PRONUNCIAMIENTO EN CONMEMORACIÒN DE LOS MARTIRES DEL 22 DE ENERO

“No debe volver a suceder: No más masacres en Nicaragua”

El 22 de enero de 1967, se concentraron decenas de miles de opositores, entre éstos jóvenes y personas del campo y la ciudad, en la Avenida Roosevelt para el cierre de campaña electoral del Partido Conservador.  La inmensa mayoría de las personas asistentes expresaban de esa manera  su oposición a la dictadura dinástica de los Somoza.

Algunos de los líderes del Partido Conservador tenían, además, la pretensión de que esa gran marcha les sirviera para impulsar una negociación con la embajada americana y con mandos de la Guardia Nacional, mantener a Lorenzo Guerrero en el poder e impedir las elecciones del siguiente mes, que darían como ganador a Anastasio Somoza Debayle. 

Somoza y la Guardia Nacional respondieron atacando la manifestación provocando un elevado número de personas muertas y heridas, en una verdadera masacre. Las elecciones de febrero fueron fraudulentas e impusieron a Somoza Debayle en el poder. Poco después, esos líderes conservadores hicieron un pacto con Somoza para repartirse el poder, traicionando a la oposición popular y a los mártires del 22 de enero.

Nicaragua vive hoy la imposición del régimen autoritario y dinástico de la familia Ortega, que se ha establecido mediante cuatro fraudes electorales, la corrupción de funcionarios públicos, la subordinación de las instituciones a sus intereses, la violación de los derechos políticos, económicos y sociales de los y las nicaragüenses, la utilización de la policía y el ejército, la reelección, el zancudismo y el pactismo de partidos políticos que sirven de estribos o escaleras a la dictadura y poderosos empresarios, quienes, a través del engranaje gubernamental, mantienen un enlace de mutuo beneficio con Daniel Ortega.

En este contexto, no se puede dejar de denunciar la criminal actuación de la Policía Nacional contra enfermos crónicos de IRC el sábado pasado en Chichigalpa, que dejaron como saldo al menos un muerto y varios heridos.

Este año, Ortega pretende aprobar una reforma constitucional que le permita reelegirse eternamente, continuar acumulando poder político y riquezas para él y su familia, a costa de los sacrificios del pueblo que sufre el alza de la energía eléctrica, el maltrato en el transporte de Managua, el incremento de la canasta básica, el estancamiento de los salarios, y en especial el creciente desempleo que obliga a miles de nicaragüenses a salir del país en busca de oportunidades de sobrevivencia en otros lugares, sumado a la crisis del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.

Recordamos a los mártires del 22 de enero y conmemoramos a quienes se opusieron con firmeza a aquella dictadura.

Lo hacemos luchando por el restablecimiento de la democracia, de los derechos del pueblo nicaragüense y de su dignidad. 

Lo hacemos luchando por hacer realidad la aspiración de una Nicaragua libre y próspera, con empleo y oportunidades para todos y todas, sin discriminación alguna, sin pobreza, sin autoritarismos, sin violencia ni arbitrariedades, sin corrupción, una Nicaragua para todos y todas los/as  nicaragüenses.

Managua, Nicaragua, 22 de Enero del 2014.

Firmantes:

Grupo de Reflexión de la Izquierda-GRI

Movimiento Patriótico por la Republica-MPR

Movimiento por el Rescate del Sandinismo-Rescate

Movimiento Renovador Sandinista-MRS

Ciudadanos Unidos por Nicaragua

Grupo de Militares Patrióticos en Retiro-GMPR

Michelle Najlis

Henry Ruiz Hernández

Dora María Téllez

Victor Hugo Tinoco

Edmundo Jarquín

Frank Cortés

Vida Luz Meneses

Patricia Orozco

Luisa Molina

Cristhian Alvarenga

Ana Margarita Vijil

Alejandra Castillo Blanco

Alberto Novoa

Enrique Sáenz

Manuel Martínez

Edipcia Dubón

Martha González Almendares

Carlos Benavente Gómez

Carlos Araica

Elieth Caldera

Roberto Samcam

Silvia Nadine Gutiérrez

Tania Quintana

Suyén Barahona

Andrea Del Carmen

Melba Mongalo

Loyda Valle

Omar Aguilar

Carlos Jarquín

Carlos Morales

Eddy Meléndez

Irving Dávila

Pedro Pablo Mojica

Cesar Aróstegui

Jorge Luis Moncada González

Ricardo Zambrana Godoy

Violeta Delgado

Ricardo Zambrana Díaz

Arnoldo Toruño

Auxiliadora Lacayo

Byron Sequeira

Rommel Martínez

Octavio Ortega

Marlen Chow

Ariana Peralta

Thelma Arguello

Ana Evelyn Orozco

Mayling Aguilar

Carlos Goussen

Irving Larios Sánchez

Haydee Castillo Flores

Invitación a participar en encuentro de Reflexión de la Red Managua.

Carta de la Red Managua a Su Eminencia Cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano.

 Managua 14 de Enero de 2014.

Su Eminencia

Cardenal

Leopoldo José Brenes Solórzano.

Diócesis de Managua

Estimado Cardenal.

En nombre de la Red de Organizaciones de la sociedad civil de Managua de la Coordinadora Civil, tenemos el agrado de dirigirnos a usted para expresarle nuestras sinceras felicitaciones por su nombramiento como cardenal de la iglesia católica, dado a conocer por el papa Francisco el día domingo 12 de Enero del corriente año.

Nos unimos a la celebración de la comunidad católica de Nicaragua, ya que su selección nos llena de satisfacción por el trabajo que usted ha venido haciendo a lo largo de su vida religiosa sobre todo el estar al lado de los más pobres y de las personas en situación de vulnerabilidad de este país, llevando a su labor pastoral defendiendo y siendo vos de miles de Nicaragüenses que por su humildad y la falta de oportunidades no pueden expresar sus necesidades y usted desde la fe y desde su labor lo ha efectuado.

Reciba nuestras muestras de consideración y estima.

Firma en Representación de la Red de Organizaciones de Sociedad Civil de Managua


Luisa Molina Arguello

 Enlace Territorial Managua.

COORDINADORA CIVIL REALIZA FORO CON JÓVENES DE LA UNIVERSIDAD EVANGELICA DE NICARAGUA.

                                                                                     

La Coordinadora Civil en el marco de la propuesta hacia la equidad y Justicia Tributaria que está haciendo a diferentes actores de la sociedad Nicaragüense, Realizo el pasado Miércoles 24 de Julio en la Universidad Evangélica de Nicaragua el Foro de presentación de la propuesta que se impulsa desde la comisión económica y que fue elaborada por el economista Adolfo Acevedo Vogl.

En la presentación se realizo incapie en que los  ciudadanos tenemos el deber de contribuir a financiar los presupuestos del Estado mediante el pago de nuestras obligaciones tributarias. Una razón evidente por la cual tenemos que cumplir con estas obligaciones es porque son establecidas mediante ley y el Estado puede exigir su pago de manera coercitiva.

Pero la razón más importante es que debemos hacerlo porque de lo contrario el Estado no dispondrá de los recursos necesarios para llevar a cabo el suministro de los servicios públicos indispensables para la propia existencia de la sociedad como colectiva organizada.

De igual forma se reflexiono en que los tributos son importantes ya que como ciudadanos nos permiten hacer auditoria social de los bienes públicos que se adquieren y que se ejecutan en obras de desarrollo en nuestras comunidades.

En su presentación Acevedo Vogl enfatizó en que El pago de tributos, aunque se pueda exigir de manera coercitiva por parte del Estado, debe estar justificado a los ojos de la sociedad. Para ello la administración pública debe ser percibida como transparente en el manejo de los recursos, y su gestión debe traducirse en la provisión eficiente de servicios públicos.

Aquí debemos enfatizar que la calidad y eficiencia de la gestión pública no es independiente del papel de los ciudadanos como vigilantes y contralores de la misma.

ü Como contribuyentes debe interesarnos que la carga de los tributos se distribuya entre todos los ciudadanos por parejo y de manera justa, y que los recursos que se recaudan se utilicen de manera correcta, para el máximo beneficio de todos.

ü Como ciudadanos tenemos el derecho y la responsabilidad cívica a) de exigir plena transparencia en el manejo de las finanzas públicas y rendición de cuentas claras por parte de los funcionarios públicos, b) de fiscalizar el uso correcto y eficiente de los recursos públicos, y c) de demandar que los recursos que aportamos se nos devuelvan transformados en bienes y servicios públicos de calidad. Al hacer esto no estamos haciendo sino ejercer los derechos inherentes a nuestra ciudadanía.

 

SOBRE LA PROXIMA (E INMINENTE) REFORMA AL INSS

Si las reformas parametricas al sistema de pensiones del INSS han de entrar en vigencia con el proximo año, deben ser sometidas a la Asamblea - tras revisarlas con la Mision del FMI - en los proximos meses, posiblemente junto con el Presupuesto. 

Con toda probabilidad, seran aprobadas con la misma celeridad vertiginosa que la Ley de Equidad Fiscal.

Una reforma parametrica a un sistema de pensiones basado en la solidaridad intergeneracional, destinada a extender su periodo de solvencia, actuara sobre uno o varios de los parametros de los cuales depende la viabilidad financiera de este sistema:

i) La tasa de cotización. 

Esta medida aumenta los ingresos y extiende el periodo en que el sistema puede mantenerse solvente. Segun todos los estudios de incidencia, tanto el aporte del trabajador como el patronal, son asumidos en ultimo analisis por los trabajadores.

i) La relacion cotizantes/pensionados. 

Esta relacion se ira deteriorando a medida que avance el proceso de envejecimiento poblacional. 

Al aumentar los años de cotizacion necesarios para jubilarse, se busca extender el periodo en que las personas se mantienen como cotizantes y no se convierten en pensionados, posponiendo al maximo su retiro. Lo mismo ocurre cuando aumenta la edad de jubilacion.

Con ello, se extiende el periodo durante el cual los trabajadores siguen cotizando y se reduce el periodo durante el cual reciben una pension.

ii) La relacion pension promedio/salario promedio de los cotizantes (o tasa de reemplazo) . 

En este ultimo caso, se puede modificar la formula de calculo de la pension, de manera de reducir drasticamente el porcentaje del salario promedio que se recibira como pension. 

En la propuesta de Troncoso Consulting, la modificacion de la formula de calculoo haria que un trabajador que haya cotizado 17 años y cuyo salario fuese 1 vez el minimo, veria reducir en 18% la pension que recibe con relacion a la que recibiria bajo la actual formula. Un trabajador que devengue 6 veces el minimo, veria reducir su pension en 27%, en relacion a lo quue recibiria hoy y aquel que devengue 10 veces el minimo, la veria reducida en 53%.

Otra manera de reducir drasticamente la tasa de reemplazo seria calcular la pension no sobre la base de los ultimos años de cotizacion, sino sobre el promedio del salaio de todo el periodo en que el trabajador cotizo.

Dado que se afirma que no se tocaran ni el numero de cotizaciones necesarias para jubilarse, ni la edad de jubilacion, entonces las variables de ajuste serian el aumento de la tasa de cotizacion, y la reduccion de la tasa de reemplazo. 

La magnitud de los ajustes dependera del periodo de equilibrio actuarial que se seleccione. Si el periodo de eqwuilibrio escogido es de 60 años, las reformas serian drasticas, si es de 20 años, lo serian mucho menos. La razon es que en 60 años Nicaragua estaria en una fase de envejecimiento superior a la alcanxzada hoy por los paises desarrollados, mientras en 20 años solo estara iniciando la fase plena de envejecimiento.

Cabe recordar que la propuesta de Troncoso Consulting contemplaba establecer una pension proporcional a los años cotizaqdos, financiada por los rcursos generados por las propias reformas.

Escrito por Adolfo Acevedo Vogl.

Reformas al INSS ya vienen

Mientras el Gobierno ya prepara las reformas a la seguridad social, los adultos mayores aún esperan el pago de su pensión reducida, que hace menos de un mes se ganó el apoyo de centenares de jóvenes, a pesar de las agresiones sufridas de parte de la Juventud Sandinista, sin que la Policía Nacional lo evitara.

 

En declaraciones a Canal 12, Bayardo Arce Castaño, asesor de la presidencia para asuntos económicos, manifestó que, después de la celebración del 34 aniversario de la Revolución que triunfó en julio de 1979, se hará la reforma al sistema de seguridad social, aunque aseguró que no habrá incrementos en el monto de las cuotas ni en el número de semanas que deben cotizarse.

 

“Lo íbamos a hacer en junio, pero estuvo lleno de tareas urgentes. Ahora que salgamos de las festividades de la Revolución vamos a empezar las negociaciones con los empresarios y sindicatos. Lo que presentemos será producto del consenso nacional. No es que el Gobierno tiene la sabiduría total, lo que tenemos es un esquema, una fórmula, (que) la vamos a presentar a sindicalistas y empresarios y cuando la tengamos la presentamos al Fondo Monetario Internacional (FMI)”, sostuvo Arce.

 

Sin embargo, en los últimos meses el Gobierno ha sido criticado por promover la aprobación de leyes sin las consultas necesarias o por no tomar en cuenta el criterio de los consultados en las pocas realizadas.

 

En el 2011 circuló desde el sitio web del INSS un proyecto de reforma al sistema de seguridad social que proponía duplicar el número de cotizaciones de 750 a 1,500 semanas y aumentar la edad de jubilación de 60 a 65 años, entre otras sugerencias que han sido rechazadas por diversos sectores, que en cambio piden ampliar la base de cotizantes, que el Estado pague su deuda con el INSS y que las inversiones del Seguro Social sean transparentes.

 

Porfirio García, presidente de la Unidad Nacional del Adulto Mayor —que reúne a 15 mil ancianos que exigen el pago de sus pensiones reducidas—, aseguró conocer de la próxima visita de una delegación del FMI para discutir probablemente la reforma al INSS, pero opinó que la demanda de la UNAM es tema aparte. “No hay relación, porque la pensión es un derecho que tenemos con leyes establecidas que solo necesitan cumplirse”, explicó García.

 

Aún esperan

Porfirio García, presidente de la Unidad Nacional del Adulto Mayor (UNAM), aseguró que tras las negociaciones del pasado 24 de junio han obtenido una respuesta rápida sobre las “ayudas técnicas” a una mayor cantidad de ancianos, pero aún no han entrado de lleno sobre el pago de las pensiones reducidas, que por ley les corresponden.

Además, agregó que están “recomponiendo” las fuerzas de la asociación, que “quedó muy maltratada” tras la última protesta.

Tomado del Diario La Prensa: 

http://www.laprensa.com.ni/2013/07/14/poderes/154646

Las autoridades nicaragüenses deben investigar el ataque contra jóvenes activistas

Amnistía Internacional
Declaración Pública
25 de junio, 2013

Las autoridades nicaragüenses deben investigar el ataque contra jóvenes activistas

Amnistía Internacional insta a las autoridades nicaragüenses a que investiguen urgentemente el ataque contra activistas jóvenes ocurrido en la madrugada del sábado 22 de junio. 

Los activistas estudiantiles llevaban varios días manifestándose en solidaridad con las personas ancianas quienes exigen acceso a una pensión estatal reducida. Según informes, alrededor de las 4 de la mañana del día sábado, centenares de personas atacaron unos 100 activistas jóvenes que estaban durmiendo en la calle en un campamento de protesta junto con los adultos mayores. 

Diez de los jóvenes activistas sufrieron lesiones, otros fueron amenazados o sus pertenencias fueron robadas, mientras que a un par de ellos les obligaron a desvestirse hasta enseñar su ropa interior. Según informes, los individuos que agredieron a los estudiantes son jóvenes simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y la policía no cumplió con su obligación de garantizar la seguridad de los estudiantes. 

El gobierno nicaragüense debe asegurar el derecho a la libertad de expresión para todos los nicaragüenses, incluyendo el derecho a la protesta. 

Amnistía Internacional insta a las autoridades nicaragüenses a investigar las denuncias de golpes y robos a los estudiantes y que los responsables comparezcan ante la justicia. Amnistía Internacional también insta a las autoridades a garantizar que los agentes de policía cumplen plenamente con lo establecido por los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley

GALER9IA FOTOGRAFICA SOBRE LA LUCHA SOCIAL POR UNA PENSION REDUCIDA EN NICARAGUA DE LOS ABUELITOS-AS DE LA UNAM Y LA SOLIDARIDAD DE LOS JOVENES UNIVERSITARIOS DE #OCUPAINSS.

JÓVENES DENUNCIAN TORTURAS POLICIALES.

En una conferencia de prensa brindada en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), los muchachos del #OcupaINSS, un grupo que apoya la lucha de los ancianos por el acceso a la pensión reducida, denunciaron los actos de tortura a los que fueron sometidos por las fuerzas policiales, cuando los trasladaron ilegalmente de las inmediaciones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) a El Chipote y otras estaciones de la ciudad de Managua.

Estas son algunas de las quemaduras que sufrió Miguel Ibarra.

Miguel Ibarra, miembro de la Red de Jóvenes por la Dignidad Nacional, relató que cuatro policías lo trasladaron desde las inmediaciones de TELCOR hasta la Estación Uno, en donde a las 6:00 am arribaron oficiales que él identificó como miembros de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ). Estos, relata el joven, lo interrogaron para averiguar si pertenecía a la “extrema derecha”, si su protesta era financiada por la Embajada de los Estados Unidos o si alguien le estaba pagando por “desestabilizar al Gobierno”.

“Como yo les decía que no sabía nada, sacaron un vaso blanco donde había ácido y me lo regaron en la planta de los pies y el estómago, en donde tengo quemaduras de primer grado. También me dieron patadas en la espalda”, dijo Ibarra.

“A las 11:15 am me dicen que me van a dar una oportunidad. Me amenazaron diciendo que si no confesaba nada que tuviera la plena seguridad de que me desaparecían a mí y a mi expediente, para hacer como que nunca hubiera existido en Nicaragua. La denuncia la vengo a poner al CENIDH porque si me pasa algo, yo responsabilizo a la Policía Nacional y al Estado por actuar en complicidad para desaparecer a jóvenes que están luchando por la ciudadanía”, agregó el agredido.

Otra de las víctimas señaló que aunque el grupo de policías que estaban resguardando la zona aledaña al INSS carecían de insignias que los identificaran, sus caras siempre se repitieron durante los primeros días de la protesta. Sin embargo, la muchacha cuenta que el sábado éstos rotaron a eso de las 1:00 am y fueron sustituidos por oficiales de mayor rango, que portaban boinas rojas y que apenas podían conformar una fila para el cordón policial. Estos, alega la joven, eran mucho más agresivos que los anteriores, les tiraban besos a las mujeres, y eran dirigidos por el Comisionado Róger Ramírez, jefe policial de Managua.

“Se estaban dando instrucciones, se hacían señas y nos contaron. Quiero decir que estoy convencida de que la Policía Nacional estuvo involucrada en este acto. Ellos sabían lo que iba a suceder. Yo responsabilizo a Aminta Granera y nosotros pedimos su renuncia moral, porque ella tuvo que haber sabido lo que estaba sucediendo. ¿Si ella no puede controlar a su policía entonces quién controla? Ella tiene que ser la última responsable de todo esto”, advirtió la joven.

Por su parte, Eddy Desba, la persona que fue contratada para llevar música a la protesta pacífica, aseguró que después de ser golpeado y posteriormente despojado de la Van que conducía, en manos de miembros de la Juventud Sandinista, él interpuso la denuncia en una de las estaciones de la Policía Nacional. Sin embargo, en lugar de tomar su denuncia los policías lo detuvieron.

“Eso es lo que más me indigna. Pasé todo el día preso. El que no tiene nada que perder da la cara. Yo estaba pidiendo un papel que me sacara de cualquier irresponsabilidad porque en la Van iba un arma que yo cargo legalmente. La oficial que me atendió escuchó todo lo que me había sucedido, pero cuando llegó su jefe ella cambió la historia diciendo que yo había chocado un carro en San Judas, con mi camioneta, y que luego me había dado a la fuga”, aseveró Desba, quien también agregó que lo querían forzar a firmar un documento prácticamente en blanco.

Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, explicó que reunirán todos los testimonios de los afectados y presentarán un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para explicar lo sucedido. La representante también afirmó que la institución solicitó resguardo policial desde el viernes pasado, pero que ni la Primer Comisionada Aminta Granera ni la Policía Nacional les ha brindado respuesta a su requerimiento.

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Adultos mayores ocupan el INSS

Un grupo de miembros de la Unidad Nacional del Adulto Mayor se tomaron la tarde de ayer las instalaciones centrales del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y anunciaron una huelga de hambre indefinida hasta que el presidente de esa cartera, Roberto López, les conceda una audiencia y ordene la entrega de las pensiones de vejez reducidas, tal como lo establece el artículo 49 de la Ley General de Seguridad Social.

Más de 150 ancianos marcharon la mañana de ayer hacia las instalaciones del INSS, pero como ya es costumbre nadie salió a recibirlos; por lo que decidieron permanecer en el vestíbulo del edificio esperando una respuesta, incluso después de haber caído la noche.

“Nos dijeron que nos esperáramos, que estaba en reunión y de repente desapareció; entonces decidimos tomarnos el Seguro, no salir y estar aquí hasta que se cumpla con la pensión reducida de vejez”, expresó Federico Kraudy, miembro de la junta directiva de la Unidad.

A las 7:00 p.m. el edificio permanece vacío, a excepción de una treintena de ancianos que aún conservan fuerzas para continuar con la lucha. A esta hora acompañan al guarda de seguridad que al menos les permite ver la televisión, mientras se toman un vaso de café para apaciguar el sueño y el aburrimiento.

“Hubo gente que se fue, porque están ocupados, enfermos, con medicamentos, familia; pero mañana (hoy) se reintegran ellos; pero de aquí salimos o muertos o con los acuerdos”, amenazó Kraudy.

La mayoría de estos adultos mayores superan los 70 años y están conscientes de que sus condiciones de salud no les permite hacer grandes esfuerzos, sin embargo, están claros de que es la única manera de ejercer presión. “De todos modos nos estamos muriendo de hambre, nos estamos muriendo por falta de medicinas; entonces qué es acelerar un poco más. Todo esto es culpa del señor López, porque él tiene obligación de cumplirnos con lo que dice la ley”, manifestó uno de los ancianos.

Ésta no es la primera ocasión en que las autoridades dejan burlados a los adultos mayores; el pasado 18 de febrero marcharon hacia el parlamento y ningún diputado salió a recibirlos; también el pasado 26 de mayo se dirigieron a la casa de Ortega, que funciona como despacho presidencial, pero un cordón policial les impidió el paso.

“El proceso de acciones que vamos a desarrollar va a ser con mayor continuidad y además de mayor trascendencia. He dicho que si es necesario tomarnos las calles todos los días, lo vamos a hacer; si es necesario cerrar con candados este edificio, lo vamos a hacer; es decir que nosotros pensamos que si no hacemos el sacrificio por obtener la pensión en este año, ya no la podremos conseguir”, puntualizó Porfirio García, presidente de la Unidad.

Tomado de la Prensa. http://m.laprensa.com.ni/nacionales/29875

Asociación Quincho Barilete se pronuncia a favor de la ley 779.

Apuntes sobre la ley 779: derribando los mitos y aclarando las verdades

Danny Ramírez Ayérdiz[1]

El mes de junio del año pasado, mes en que entró en vigencia le Ley 779 “Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres y de reformas a la Ley No. 641 “Código Penal”” (en adelante “la ley 779” o “la ley integral”), marcó el inicio de una agitada y muy variada serie de reacciones sobre la justicia, pertinencia, constitucionalidad y eficacia de ella, reacciones que no hacen difícil augurar a corto plazo, el peligro que corre su objetivo de tutelar la integridad plena de las mujeres, si los detractores –algunos informados y otros que tristemente repiten lo que dicen los informados- logran la reforma sustancial que le reste eficacia o, en el peor de los casos, la lamentable -y muy comprometedora para el Estado- derogación de la ley integral.

Detractores, partidarios y desinformación

Se ha visto, en los últimos días a airados detractores y enardecidos partidarios de la ley 779, defender “a capa y espada” sus argumentos, la mayoría en contra, ilustrados estos en la emblemática e incisiva opinión del obispo de Estelí en la que ha afirmado que la ley integral representa la encarnación moderna de la mítica marca de la bestia –comparación que dice mucho sobre el compromiso de la Iglesia con los derechos humanos de las mujeres-.

La ley 779, tan liberadora para sus adeptas y sacrílega para sus censuradores, no es cualquier ley, pues en ella se establecen mecanismos que con claridad amenazan con moverle el piso y cambiar de lugar las entrañas del sistema patriarcal, tan acostumbrado a la subordinación infrahumana en todos los ámbitos y etapas de la vida –y hasta de la muerte- de las mujeres.

Para muchos, la ley es el fin de la igualdad entre hombres y mujeres. Para otros, apenas con ella se empieza ha avanzar, con pasos de bebé prematuro esperanzado, y a lograr el tan anhelado ideal de igualdad género-género. Lo cierto es, que la población está nerviosa al no saber qué posición tomar ante una ley 779 que sigue siendo criticada y que, estoy tan seguro, que ocho de cada diez de sus críticos apenas han leído la ley, mínimo de lectores que favorece a un sistema que prepara a las masas a la condena perpetua de la desinformación y a acceder a unas cuantas migajas tergiversadas de la poca buena información que se logra filtrar.

Los miedos, los mitos y las verdades

El miedo parece estar ocupando un buen lugar en la mente de los hombres ante la incertidumbre de una ley que ha sido calificada de draconiana y exagerada. Un miedo para aquellos acostumbrados –la gran mayoría de los hombres- a maltratar a las mujeres y ese es el verdadero argumento detrás de tantas mentiras y señalamientos sobre la ley. No es fácil bajarse del pedestal y tampoco es fácil perder el poder que los estereotipos y los roles sociales le han asignado a los hombres para regir y decidir los destinos de nuestras mujeres. Y con mucha razón, esta merma de derechos, que deberían estar en manos de sus titulares femeninas, es argumentada con un “en esta ley se le da más derechos a las mujeres”. Tan falso y atrevido como el patriarcado. No hay más derechos para ellas, solo más mecanismos para que puedan ejercer, en condiciones de libertad, todos aquellos derechos que el hombre le ha robado y coartado por siglos y que están establecidos en el artículo 7 de la ley: vivir sin violencia, derecho a la salud y la educación, derecho a la libertad, a la seguridad personal e intimidad… son los mismos que los de ellos, solo que ellas ahora cuentan con mecanismos –al menos escritos- para exigir que se cumplan.

“La ley 779 es inconstitucional porque quebranta el principio de igualdad constitucional…”

Antes que nada, hay que reconocer que las mujeres, por el bochornoso fenómeno de la violencia de género, son parte de un grupo social en estado permanente de vulnerabilidad, condición que las limita en el ejercicio efectivo de derechos y garantías y que las ubica en un plano de desigualdad, exclusión y, por consiguiente, de discriminación con relación a los hombres. Ante un grupo vulnerable, la reacción natural del Estado es garantizar su protección integral para alejarlo de los efectos de la discriminación y permitirle elevarlo a la condición de igualdad con el resto de grupos sociales.

Así las cosas, si partimos de que son las mujeres las que mueren en manos de los hombres y no ellos en manos de aquéllas, es obvio que la pretendida igualdad que alegan quebrantada los hombres detractores de la ley, ni siquiera alcanza para proteger, ni en lo más elemental, a las mujeres. Por tanto, tiene sentido que el Estado emita una ley especial –ley 779- para frenar esa inequidad, esa desigualdad que claramente expone a la mujer al peligro constante de perder su vida.

No es la primera vez que el Estado protege a un grupo vulnerable mediante una ley especial; para ejemplificar basta mencionar, las leyes que protegen a los adultos mayores, a los pueblos indígenas, a las personas que conviven con VIH-SIDA, a las familias numerosas, a la niñez y la adolescencia… la pregunta es ¿somos discriminados los que no pertenecemos a estos grupos toda vez que el Estado les otorga protección especial ante la discriminación? ¡De ninguna manera! Por el contrario, cada ley que protege a un grupo vulnerable, acerca cada vez más al Estado al cumplimiento de la noción de igualdad que establece el artículo 27 constitucional, noción que es una aspiración legal que no se completa con estar en un texto y que exige del Estado la consumación de acciones concretas para darle cumplimiento, entre estas acciones podemos contar a la ley integral, que protege a las mujeres de la discriminación y la violencia.

“Si hay una ley para las mujeres ¿Por qué no hay leyes para los hombres?”

Otro de los argumentos de los detractores, es que hay discriminación si existe una ley para las mujeres, por qué no la hay para los hombres. Sencillo: en las relaciones desiguales de poder, en virtud de la violencia ejercida con base en los roles del género, no es la mujer la que saca la mejor ganancia, ella saca su muerte, en el peor de los casos y el hombre, impunidad. La ley no protege a la mujer arbitrariamente. La razón es que en la relación de género, ella es la afectada y quien, domésticamente, sufre de violencia. No hay leyes especiales de género para los hombres, ni comisarías de los hombres, porque ellos ni son los que sufren en el círculo de la violencia, ni tampoco, por “hombría”, deciden denunciar a sus parejas o cónyuges femeninos que ejercen violencia sobre ellos.

La ley 779 destruye a la familia

Parece que en la mentalidad de muchos, aún ronda la noción arcaica de que las uniones maritales son para toda la vida, pase lo que pase, con violencia familiar ser tolerada en virtud de la integridad y carácter inquebrantable de la sagrada unión familiar y ante esta “amenaza”, se acusa a la ley de destruir a este espécimen de familia. El retiro del esposo o compañero, no significa la ruptura de la familia. Es también familia, la dirigida por la jefatura femenina, sin la compañía del elemento masculino. Estas voces que pregonan este argumento, lo hacen para postergar un modelo de familia dañino y que obliga a la mujer a vivir bajo el mandato arbitrario del hombre por sus hijos, por la familia, por tantas razones y que a la vez, se la pretende señalar de ser culpable de dañar lo más sagrado en la sociedad si denuncia al esposo o compañero violento.

“La ley ha provocado que los hombres reaccionen “inadecuadamente” y aumente la violencia contra las mujeres”

En este punto del análisis, de algo que debemos estar claros y claras, es que si la violencia ha aumentado, no es ni por culpa de la ley integral, ni de las mujeres, si no de un Estado con instituciones reacias a darle firme ejecución a la ley y con funcionarios y funcionarias aún no sensibles ante la problemática que diezma con decenas de muertes femeninas anualmente y que han malinterpretado el sentido y el alcance de sus disposiciones.

En algún caso se ha constatado que autoridades policiales y judiciales, han utilizado a ley 779 para “ensañarse” contra los hombres. Claro es que en todo caso, no es problema en sí de la ley integral, si no de un desinterés del Estado en activar mecanismos que verifiquen la certeza de los hechos que se denuncian y que una vez más demuestran la eficacia de los sistemas de investigación de la policía y la fiscalía. Las arbitrariedades policiales o judiciales, no suceden desde la existencia de la ley intgral, es muy anterior y, por tanto, la cuestión no está en que la ley sea excesiva o exagerada, si no en la mentalidad represiva y autoritarias muy innatas a nuestras autoridades punitivas, mentalidad que viene ligada a un fenómeno institucional más amplio vinculado con la situación política y las condiciones de legitimidad que se viven y se ejerce el poder en el actual gobierno y en el resto de poderes del Estado.

El problema no es la ley integral, no son las mujeres. El problema es la falta de voluntad política del Estado de hablarle claro al pueblo sobre este tipo de leyes que implican en sí un cambio radical del sistema social y que por esta actitud, una vez más una buena ley puede convertirse en un mal intento, un intento frustrado de hacer justicia

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[1] Docente investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Jurídicos y Políticos adscrito a la Escuela de Derecho de la Universidad Politécnica de Nicaragua. Es profesor de la asignatura de Derechos Humanos y  Género en la misma universidad. Ha concentrado su labor académica al estudio de los derechos humanos.  

RED MANAGUA SESIONA EN MAYO 2013.